PUNTO CRÍTICO
Gabriel Torres Espinoza
Lo que define a un régimen democrático es: i) la plena vigencia, para el cabal ejercicio, de un amplio y robusto catálogo de libertades y derechos fundamentales [p. ej. libertad de reunión y asociación; libertad de expresión y libre manifestación de las ideas; así como el derecho de acceso pleno a la educación, a la cultura, a la salud, a la seguridad, etc.]; ii) la sana y republicana división entre poderes, que se expresa de manera nítida y fehaciente, tanto en la efectiva separación como en el control recíproco entre los poderes; y iii) en la oportunidad de ejercer, con absoluta libertad, tanto el derecho a la oposición, como el derecho a disentir.
De modo que, a mayor evidencia de estas tres características, mayor resulta las libertades que debemos asegurar después de la alternancia y la pluralidad entre partidos.
Tener esto en consideración, resulta especialmente importante porque la Universidad de Guadalajara se ha propuesto salir hoy a las calles para, precisamente, para reclamar y exigir, de manera libre y pacífica, el ejercicio de estas libertades.
Por cierto, a través de una gran manifestación que aglutina los derechos fundamentales para la vida en democracia: la libre manifestación de las ideas, la libertad de reunión y de asociación, así como el derecho de petición, de disentir y de oposición.
Manifestarse, en ejercicio de derechos fundamentales, para tomar parte de la vida pública de Jalisco.
Esto es, la comunidad de nuestra Casa de Estudios, se manifestará el día de hoy para demandar un presupuesto justo, que le permita a su Comunidad Universitaria, afianzar sus funciones sustantivas, que no se constriñen únicamente a otorgar educación superior —como el gobierno estatal ha pretendido engañar a los jaliscienses—, toda vez que la función educativa —a cargo de una institución de educación superior— se extiende tanto a la investigación y desarrollo del conocimiento científico, como a la difusión de la cultura.
La fracción VII, del artículo 3ro de nuestra Carta Magna, así lo mandata. Querer imponer otra visión, ajena al contenido plasmado de manera expresa en la Constitución, es, a todas luces, un engaño.
También se reclama la arbitrariedad de cercenar 140 millones de pesos, previamente proyectados, presupuestados y etiquetados, por el Congreso del Estado de Jalisco, para la Universidad de Guadalajara.
Esto ha llegado al exceso de que se les pretenda obligar a “cerrar filas” en contra de la Máxima Casa de Estudios, al interpretar de manera conspiracionista, el legítimo derecho a la protesta social pacífica; de la plural, crítica y diversa Comunidad Universitaria, como si se tratase de un “intento por desestabilizar a los Poder Públicos del Estado”.
Mencionan que “nadie puede estar por encima de la soberanía popular representada en los tres Poderes”.
Cuando lo cierto es que ningún poder puede estar por encima del ejercicio pleno de derechos humanos reconocidos y consagrados en la Constitución, las libertades, ni de los principios esenciales que sostienen a cualquier régimen democrático.
Que sean mayoría, o un partido con hegemonía, no les otorga el derecho para desconocer las libertades y trasgredir la autonomía de la Universidad como castigo por ejercer la libre crítica y el disenso en los asuntos públicos de Jalisco.
De forma que, lo que está en riesgo, es la autonomía, la libertad y la dignidad universitaria, para que pueda expresarse libremente el derecho a la crítica, así como el tajante rechazo a renunciar al espíritu opinante que le define y le distingue a su robusta Comunidad Universitaria.
Por esta razón, es que subyace esta genuina resistencia pacífica frente un intento de mordaza, a las pretensiones antidemocráticas, profundamente autoritarias, de querer silenciar el derecho a disentir y a oponerse al Poder hegemónico, para obligar a los Universitarios, mediante castigos y amagos presupuestales, a desistir de ser lugar para el libre pensamiento crítico del quehacer público y de la vida social.
