HABLEMOS DE DERECHOS
Salvador Romero
A lo largo de la historia, son muchas las ocasiones en que instituciones o personas “se arrepienten” o han sido juzgadas por sus decisiones o posturas del pasado, a la luz de la perspectiva del presente, tal y como ya ha sucedido a la Suprema Corte de Justicia Mexicana a lo largo de una historia que comenzó con la mala traducción de “Supreme Court” por parte de nuestros constitucionalistas.
En 1985, por ejemplo, la Corte desestimó un amparo del jurista Ignacio Burgoa Orihuela, bajo el argumento aberrante de que el derecho constitucional a la información previsto en el artículo 6, no era un derecho individual, que pudiera ejercer cualquier ciudadano en lo personal para requerir información pública de sus autoridades, sino que se trataba de un derecho social o colectivo nada más; decisión de la cual se arrepentiría apenas una década después.
Por supuesto que siempre que se juzgan decisiones del pasado, no pueden hacerse a través de los filtros y conocimiento del presente, sino que es importante entender los contextos históricos y culturales en los cuales fueron tomadas dichas decisiones, de tal forma, por ejemplo, que es muy injusto cuestionar la calidad moral del gran filósofo Aristóteles por su decisión de tener esclavos, cuando era considerado algo completamente “normal” hace más de 2,000 años en su sociedad.
Así las cosas, considero que para que una decisión del presente pueda conllevar una verdadera acusación en el futuro, es importante considerar los elementos ya descritos, de tal forma que exista suficiente evidencia para deducir que, con base en el conocimiento que existe actualmente se debió decidir una cosa diferente y, por lo tanto, señalar la decisión como un error histórico sujeto, incluso, a una disculpa pública (mea culpa) en los casos en que ello sea posible.
Pues bien, en ese contexto, estoy convencido y es importante sumar voces a este reclamo, que la SCJN cometió dos graves errores la semana pasada que representan una clara violación al principio de progresividad de dos derechos humanos y, por consecuencia, un retroceso para las libertades y la democracia de nuestro país, a saber: El derecho a la protección de datos personales y el derecho a la información.
Respecto al derecho a la protección de datos personales, la violación consistió en avalar la facultad de las autoridades administrativas y tributarias de nuestro país, para vigilar todas nuestras cuentas, movimientos y transacciones bancarias, de manera discrecional, arbitraria y sin justificación ni supervisión alguna, bajo el argumento de que es importante que todos paguemos impuestos.
Esto es muy grave, porque avalar dicha facultad de las autoridades tributarias, violenta diversos principios básicos de dicho derecho humano, sobre todo porque implica transferencias de datos personales sin conocimiento ni consentimiento de su titular (es decir, ni siquiera te vas a enterar cuando el SAT le requiera al banco información sobre tus cuentas y movimientos) y permite con ello un nuevo tratamiento de datos personales por parte de la autoridad que pudiera implicar riesgos graves para los contribuyentes en su privacidad y seguridad.
Respecto al derecho a la información, la decisión de avalar la impugnación interpuesta, vía acción de inconstitucionalidad, por la Fiscalía General de la República, violenta enormemente dicho derecho humano, no solo por la limitante que constituye respecto de ese caso concreto (reserva de todos los nombres de las y los servidores públicos que laboran para dicha autoridad), sino que abre la puerta para que cualquier autoridad pueda impugnar decisiones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), lo cual destruye uno de los principales pilares constitucionales de este derecho, que es la inatacabilidad de las decisiones de los institutos de transparencia y, por supuesto, que implicará enormes retrasos en el acceso a la información pública por parte de la sociedad.
En conclusión, me parece evidente que a la luz del conocimiento actual, estas decisiones de la SCJN son equivocadas, son un retroceso para dos derechos humanos muy importantes y, tarde o temprano, la Historia también los condenará y se arrepentirán.
