PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
Frente a las primeras imágenes difundidas de los hechos violentos ocurridos en el municipio San José de Gracia, Michoacán, en donde presuntamente fueron fusiladas 17 personas, lo único que alcanzó a decir el presidente de la República fue que los cuerpos no habían sido encontrados, por lo tanto, en su lógica, la matanza no había ocurrido.
Reconoció que se encontraron vehículos, casquillos y restos humanos, pero no los cuerpos, pero, a pesar de ellos, dijo “ojalá no sea cierto lo que están difundiendo”.
Es decir, frente a un hecho contundente que confirma la violencia que devasta varias regiones del país, el presidente recurre, nuevamente, a la política ficción para deslindarse de su responsabilidad y tratar de ocultar el fracaso de la política de seguridad implementada durante su gobierno.
La masacre ocurrida en Michoacán confirma que la militarización de la seguridad pública, que López Obrador profundizó al crear la Guardia Nacional, ampliando la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad y en otras tareas gubernamentales, no funciona.
El asesinato múltiple que tuvo lugar en San José de Gracias, Michoacán, ocurre en el contexto del despliegue de un mayor número de integrantes de las Fuerzas Armadas para combatir a los diversos grupos criminales que operan en la entidad y en regiones circunvecinas.
A pesar de los avances logrados y de la recuperación de parte del territorio que estaba en manos del crimen organizado, es claro que el modelo policiaco militar implementado en Michoacán, y en todo el país, no resolverá los altos índices de violencia porque no se atacan otros factores que la promueve.
Entre ellos, por ejemplo, la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno, la debilidad de las policías estatales y municipales, y la presunta vinculación de las autoridades civiles y policiacas con el crimen organizado.
San José de Gracia es sólo un ejemplo. El grupo criminal agresor pudo entrar al municipio sin ninguna intervención por parte de la policía local, no se dio aviso de los hechos hasta cinco horas después y los autores, incluso, se dieron tiempo para limpiar el lugar de los hechos y ocultar los cuerpos de las víctimas sin ser molestados.
Lo ocurrido en este municipio michoacano no es un hecho aislado. La violencia, los feminicidios, las masacres, desaparecidos y fosas clandestinas, son el pan de cada día en varios estados de la República. La impunidad prevalece. Las instituciones de seguridad y justicia están rebasadas, anquilosadas y corroídas por la corrupción.
En el análisis “La militarización de la seguridad pública y sus fundamentos legales”, publicado por México Unido contra la Delincuencia y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, se afirma que “el engendro creado es indomable e insostenible. Peor. No podrá crear seguridad ni pacificar definitivamente al país”.
“Primero porque no se entiende y segundo porque diluye la responsabilidad. Hoy en día soldados, marinos y ex policías federales tienen un sinnúmero de competencias que varían dependiendo de la corporación que representan y el tipo de convenio de colaboración que impera. Dentro de esos, la soberanía de estados y municipios se gana o se pierde dependiendo las condiciones impuestas por quien les auxilia o sustituye. Luego entonces, ¿quién es responsable? ¿Quién supervisa? ¿Qué fuero lo juzga? Todos y ninguno”.
