PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
Del año 2000 a la fecha han sido asesinados 149 periodistas en posible relación con su labor, 29 de ellos en lo que va del gobierno federal en turno, los últimos cuatro en enero y el primer día de febrero de 2022.
En tres años de la actual administración, las solicitudes para la atención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, han aumentado en un 85 por ciento.
Si bien estos homicidios son parte de la ola de violencia que azota el país, aunque el 60% de las agresiones contra periodistas proviene de funcionarios e instituciones, el agravante, en este caso, es que se busca silenciar el derecho a la libertad de expresión.
No hay región del país que esté exenta de esta violencia, pero, en ciertos estados, es mucho más grave. Grupos delincuenciales actúan con absoluta impunidad, frente a la indiferencia de los tres niveles de gobierno.
De acuerdo con Artículo 19, el gobierno de Javier Duarte, que comenzó en diciembre de 2010 y finalizó el 30 de noviembre de 2016 en Veracruz, ha sido el más letal para los comunicadores: 18 periodistas asesinadas/os.
Pero la alternancia en Veracruz, gobernada en los últimos años, sucesivamente, por PRI, PAN y Morena, no ha frenado esta violencia. La entidad tiene el mayor registro de asesinatos de periodistas, con 31. En lo que va del gobierno morenista de Cuitláhuac García, han sido ultimados cinco.
El homicidio el de la periodista María de Lourdes Maldonado López, es particularmente grave. Días antes del atentado en su contra en su casa de Tijuana,
había acudido a la mañanera a solicitar auxilio al presidente de la República, porque se sentía amenazada.
Su súplica no fue escuchada, tampoco sirvió el hecho de que estuviera bajo resguardo policiaco como parte de la seguridad otorgada por el Mecanismo de Protección. De ese nivel de impunidad estamos hablando.
A este crimen de suman este año los de Roberto Toledo, en Zitácuaro, Michoacán; de José Luis Gamboa, en el puerto de Veracruz; y de Margarito Esquivel, también en Tijuana, Baja California.
El Estado Mexicano ha sido rebasado y el organismo diseñado para, supuestamente, cuidar a los periodistas amenazados, simplemente ha sido inoperante, primero, porque carece de presupuesto suficiente y, segundo, porque las autoridades incumplen con su responsabilidad de darle protección policiaca eficaz a quienes se acogen a este.
Tercero, porque la justicia no actúa o lo hace lentamente. Nueve de cada diez casos de asesinatos de periodistas, no han sido esclarecidos.
No es, por supuesto, este gobierno el único responsable, la violencia contra comunicadores viene de tiempo atrás, el problema es que poco o nada se ha hecho para ponerle fin. Se requiere una revisión integral de este tema.
Es alentador el que los periodistas hayan salido a las calles de diversas ciudades del país para protestar contra los asesinados de sus compañeras y compañeros, exigir justicia y poner fin a la impunidad.
Pero eso no es suficiente. El Estado Mexicano tiene que cumplir con su responsabilidad de proteger la vida de las y los ciudadanos, la libertad de expresión y los derechos humanos.
Además, se debe revisar la legislación respectiva, las instancias de los tres niveles de gobierno corresponsables, la actuación del Poder Judicial, los vínculos entre las corporaciones policiacas y la delincuencia y, por supuesto, replantear el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
No se mata la verdad matando periodistas, pero el costo en vidas ha sido muy alto. La falta de resultados y la impunidad, hace cómplice al gobierno. Por el bien de la democracia, hay que ponerle fin a la violencia contra periodistas y los medios de comunicación, empezando por el presidente de la República.
