HABLEMOS DE DERECHOS
Salvador Romero
Yolli García Álvarez, ex comisionada del Instituto Veracruzano de Transparencia (IVAI), es inocente por dos sencillas razones: Porque no se le ha demostrado nada, y en México todos somos inocentes salvo prueba en contrario; y en segundo lugar, por lo absurdo de las acusaciones en su contra, que en el peor de los casos serían irregularidades de tipo administrativo y que solo constituyeron un pretexto para inculparla de algo.
A pesar de ello, está a punto de cumplir dos años privada de su libertad en una cárcel de Veracruz, producto de la medida cautelar de prisión preventiva ordenada por el juez penal de la causa, Gregorio Esteban Noriega Velasco, mientras se determina si cometió o no alguno de los delitos de los cuales es acusada, y para lo cual hago un breve recuento de los hechos que dieron origen a su inconstitucional proceso:
En 2018, se reformó en Veracruz la Ley de Transparencia para crear al Órgano Interno de Control (OIC) del IVAI, al cual se determinó dotar de “autonomía técnica y de gestión, así como con los recursos suficientes y necesarios, que deberán estar etiquetados dentro del presupuesto del Instituto, para el cumplimiento de sus funciones de prevención, detección, combate y sanción de la corrupción…”.
En el mismo 2018, el Congreso nombró al titular del referido OIC (Dr. Alfonso Velásquez Trejo), pero al mismo tiempo fue omiso en etiquetar recursos para su funcionamiento, razón por la cual el IVAI determinó presentar una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que dicha omisión violentaba la autonomía constitucional del propio Instituto (al pretender a obligarlos con su omisión a utilizar recursos propios para el funcionamiento de dicha contraloría).
El 04 de marzo de 2019, se publicó el Decreto #234 mediante el cual el Poder Ejecutivo aumentó alrededor del 05% el presupuesto del IVAI, pero se volvió a incurrir en la misma omisión de no etiquetar recursos para el debido funcionamiento del OIC.
El 08 de marzo de 2019, el Doctor Alfonso Velásquez Trejo, titular del OIC, remitió a Yolli García Álvarez un oficio en el cual solicitaba al IVAI modificar su presupuesto para destinar $3,356,818.00 pesos para el funcionamiento del OIC, solicitando sueldos para sus sub directores por encima incluso de los directores del IVAI, y exigía que su propio sueldo fuera muy cercano al de los comisionados y, por supuesto, muy por encima de los directores del IVAI, a pesar de que ese rango jerárquico es el que le corresponde por mandato legal.
El 08 de marzo de 2019, el Pleno del IVAI (integrado por 3 comisionados) determina que no es procedente la solicitud de sueldos del titular del OIC, en virtud de que no es acorde con el tabulador de sueldos del propio IVAI, y en virtud de que ni el Legislativo ni el Ejecutivo etiquetaron recursos para el funcionamiento del OIC.
Sin embargo, con el ánimo de apoyarlo determinan reasignar recursos del IVAI para nombrar a las dos personas que propuso el propio titular del OIC (la Doctora María de los Ángeles García Oviedo y el Licenciado Narno Acosta Cruz), mismas que hoy, tres años después, han sido ratificadas por dicho Contralor y aún laboran para el OIC del IVAI.
El 20 de mayo de 2019, el Doctor Alfonso Velásquez Trejo, titular del OIC, presentó denuncia penal ante el Fiscal Anticorrupción de Veracruz, en contra de Yolli García Álvarez por considerar que los nombramientos que expidió a la Doctora María de los Ángeles García Oviedo y el Licenciado Narno Acosta Cruz, fueron al margen de sus facultades como Presidenta y violentaron la autonomía del OIC, por lo que el haber contratado a esas personas constituyó “delitos por hechos de corrupción”, sí leyeron bien, de eso la acusó.
No obstante lo ridículo de la acusación, a raíz de esa denuncia, el día 26 marzo de 2020, un día después de concluir su cargo y perder su fuero constitucional, Yolli García Álvarez es detenida en Veracruz, acusada de los delitos de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición, en una orden de aprehensión girada por el entonces Fiscal Anticorrupción, José Alfredo Corona Lizárraga, quien apenas unas semanas después sería nombrado comisionado del propio IVAI, en el lugar de los dos compañeros de Yolli García Álvarez que fueron “obligados” a renunciar con la promesa de dejar a su ex compañera en libertad, promesa que nunca se cumplió.
Pero la mayor violación a los derechos humanos vino después, pues a pesar de que dichos delitos no son considerados graves, de que Yolli García Álvarez pudo acreditar arraigo en el estado de Veracruz (más de 15 años viviendo ahí ocupando cargos públicos notorios y relevantes) y de que sus dos hijos viven y estudian ahí la universidad; y además de que es evidente que no se trata de una persona peligrosa, el juez de la causa, Gregorio Esteban Noriega Velasco, de manera completamente inconstitucional, ilegal e increíble, determinó dictar la medida cautelar consistente en prisión preventiva (hoy indefinida), misma que tiene a Yolli desde entonces, casi dos años después, encerrada en una prisión, a pesar de haber ganado un amparo en contra de dicha medida, que increíblemente fue después desestimado por un tribunal colegiado de Veracruz.
Cabe señalar que una vez que Yolli García Álvarez fue privada de su libertad, el titular del OIC del IVAI, Doctor Alfonso Velásquez Trejo, recibió “como premio” su anhelado e injustificado (conforme al tabulador) aumento de sueldo que con tanto ahínco había exigido en su momento al Pleno anterior del IVAI, sin embargo, todos sus nombramientos siguen pasando por el Pleno del IVAI sin que haya presentado más denuncias contra sus actuales integrantes.
Finalmente me parece importante destacar que Yolli García Álvarez acaba de ganar un amparo que ordena al Poder Judicial de Veracruz a volver a analizar si efectivamente existen o no los delitos de los que fue acusada, lo cual deberá realizarse en las próximas semanas, esperando que por fin se haga justicia en su caso, habida cuenta de que uno de sus ex compañeros, Arturo Mariscal Rodríguez, ya fue exonerado de los mismos delitos por orden de un juez de distrito.
