PUNTO CRÍTICO
Gabriel Torres Espinoza
Con el caso de las Villas Panamericanas, nuevamente, el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Jalisco, ¡legalizó lo ilegal!
Este Tribunal se ha convertido en el patrono de la injusticia, que resuelve los intereses del mejor postor. Lo más irónico del caso, es que este Tribunal forme parte del ‘Sistema Estatal Anticorrupción’ y que además sea el órgano facultado para sancionar ‘las faltas administrativas graves’ de los servidores públicos (corruptos) y particulares (corruptores) vinculados con cualquier daño o perjuicio al patrimonio público. ¡La iglesia en manos de Lutero!
A través de argucias legales, los magistrados del TJA han aprobado gasolineras a escasos metros de escuelas preescolares, permiten el funcionamiento y construcción de casinos (que violan todas las normas), además de autorizar la construcción de enormes complejos inmobiliarios donde confluyen zonas de alta densidad forestal, arroyos naturales y áreas naturales protegidas [33 mil viviendas autorizaron en la carretera a Colotlán, Zapopan, sobre 150 hectáreas con vocación forestal].
Las Villas Panamericanas se edificaron en una zona con un uso de suelo para áreas verdes, huertos y granjas de baja densidad, con una habitabilidad proyectada para 75 habitantes por hectárea, mientras que con las Villas Panamericanas aumenta la cifra a 426 habitantes por hectárea.
Un complejo que violó todas las disposiciones del reglamento municipal de construcción, que se financió con dinero ILEGALMENTE sustraído de la Inmobiliaria y Promotora de Interés Público del Estado de Jalisco (Iprovipe), sabedores de que no se trató de vivienda de interés social.
Un complejo proyectado para ser una gran estafa, con empresarios que saben y se prestan a todo tipo de ‘negocios’ (así se justifican ellos), bajo un esquema de obras infladas. Los enormes corruptores, que se dicen empresarios y maquinan delitos con el dinero que los trabajadores de Jalisco aportan para su pensión y jubilación.
Una modelo de asociación retorcida, que han solapado gobiernos de distinta filiación política, para que construyan lo que expresamente los planes parciales de desarrollo prohíben.
Esos mismos que luego son los primeros en argumentar que “como ya están” las Villas, hay que darles uso. Que es mejor partir del principio de “hechos consumados” para “legalizar” lo ilegal.
Que es preferible sumarse al ciclo de delitos cometidos en las Villas Panamericanas, eso sí, para que ningún vivales pierda un centavo (Manuel Herrera dixit). Los mismos que en el Congreso reclaman legalidad al presidente de la República, y en Jalisco solapan la tranza.
Precisamente porque siempre fue un proyecto ilegal, ningún banco prestó dinero para la construcción de las Villas Panamericanas: los bancos NO financian desarrollos ilegales.
Las Villas simbolizan hoy diversas fechorías impunes, y albergan la genética de una clase empresarial que se enriquece, sin arriesgar nada, porque abusa del recurso para las viviendas de interés social y del dinero de las pensiones para perpetrar estafas.
Negocios “al estilo Jalisco”. De esos donde pierde la Ciudad, para que lucren los corruptores desarrolladores, apadrinados por cámaras empresariales, tribunales sobornados, cuotas de poder en los ayuntamientos y en el Poder Legislativo.
