DIVISADERO
Eduardo González Velázquez
Este fin de semana se realizaron las elecciones presidenciales en Nicaragua. Se convocó a 4.4 millones de electores para elegir al presidente, vicepresidente, 90 diputados y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.
Todo estaba dispuesto para que Daniel Ortega continuara en el poder. Así sucedió. No obstante que las últimas encuestas, sobre todo la de Gallup, mostraba que el líder sandinista apenas contaba con 19% de apoyo y un rechazo de 65% de la población.
Los resultados difundidos la madrugada de hoy otorgan un respaldo del 75% a Ortega con una participación del 65% del electorado, quien atendió en gran medida el llamado de la oposición para no salir a sufragar.
Con los resultados de ayer, el país centroamericano regresa al punto de partida de su historia reciente en los años setenta del siglo pasado. Las causas que generaron la crisis política que vivieron en aquella década y que condujeron al derrocamiento del dictador Anastasio Somoza Debayle, hoy parecen repetirse: represión política, violación de los derechos humanos, suspensión de garantías constitucionales; política de terror contra disidentes.
En 1979, todo influyó para que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), reivindicando las ideas de Augusto César Sandino, tomar el poder luego de su lucha armada.
Quien fuera uno de los líderes del FSLN, Daniel Ortega, se aferra al poder y se encamina a un cuarto mandato consecutivo, tras 14 años en el gobierno (de 1979 a 1984 coordinó la Junta de Gobierno, luego presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990, y en 2007 ganó las elecciones).
El domingo no hubo competencia real. Siete aspirantes opositores se encuentran detenidos (Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaurre y Berenice Quezada), y otros 32 activistas, políticos, empresarios y periodistas fueron encarcelados, sumándose a unos 120 opositores que están presos desde 2018.
Los “contendientes” de Ortega son considerados colaboradores del gobierno. Tres partidos políticos de oposición están prohibidos. El discurso oficial para “justificar” la represión política es la conspiración que existía para boicotear las elecciones.
El gobierno de Joe Biden afirmó que las elecciones no fueron democráticas y amenazó con firmar algunas medidas de acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (RENACER), para aumentar la presión sobre Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien fue electa nuevamente como vicepresidenta.
Bajo esta amenaza, lo que se tambalea es la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (Cafta). El país centroamericano exporta a la Unión Americana 62% de sus productos e importa a precios preferenciales 30% de lo que consume, por lo que un cambio en la naturaleza de la participación nicaragüense en el Tratado podría generar severas consecuencias a la nación de Centroamérica.
Independientemente del curso que tome Nicaragua luego de las controversiales elecciones, no podemos negar que Daniel Ortega está convertido en todo aquello que combatió en sus años de luchador social.
