Privacidad en peligro, 2 parte

HABLEMOS DE DERECHOS

Salvador Romero

La semana pasada señalé en este espacio mi preocupación sobre la reforma que se acababa de aprobar por el Senado con el objeto de crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, por considerar que los datos personales biométricos que deberá entregar cualquier persona que quiera utilizar un teléfono móvil en nuestro país, es una obligación completamente desmedida, injustificada y violatoria del derecho humano a la privacidad, es decir, inconstitucional.

Dicha reforma ya es una realidad, pues fue publicada el pasado viernes 16 de abril, por lo que a partir del sábado 17 empezó a correr el plazo para la presentación de los medios de impugnación previstos por la Constitución Federal, tanto a nivel institucional (a través de las acciones de inconstitucionalidad) como a nivel personal (a través del juicio de amparo), cuyo plazo vencerá el día lunes 31 de mayo del 2021.

En ese contexto, desde el lunes de esta semana comenzaron a circular proyectos de amparos indirectos en contra de dicha reforma, como el del abogado Jesús Valles (@VallesAragon), habiéndose anunciado también asesorías ciudadanas para ampararse en contra de la reforma por asociaciones como la “Red en Defensa de los Derechos Digitales” (@R3Dmx), por lo que se esperan que se presenten cientos de miles de amparos (o quizás millones) antes del referido término legal (lo cual te recomiendo hacer también).

Precisado lo anterior, a continuación, trataré de desvirtuar uno por uno los argumentos a favor de la reforma, vertidos en el dictamen y por diversos legisladores como la senadora Ana Lilia Rivera, tales como:

1. Plena y certera identificación de los titulares de cada teléfono, para facilitar la persecución de delitos. Falso, es evidente que ningún delincuente (o ninguno medianamente inteligente) va a utilizar un teléfono registrado a su nombre o de alguno de sus cómplices para cometer un crimen con dicho teléfono.

2. Se garantiza el uso adecuado de los equipos móviles y se inhibe su uso por parte de la delincuencia. Falso, existen muchas formas de utilizar los celulares para cometer delitos sin necesidad de utilizar en ellos un número o tarjeta SIM registrada y, vale la pena reiterar: lo único que se inhibe es que los delincuentes usen equipos registrados a su nombre para cometer crímenes (lo que generará mayores incentivos para robos de identidad o de los propios equipos para cometer actos delictivos impunemente, poniéndonos en un mayor riesgo a todas y todos).

3. Se erradicarán los delitos como extorsión, secuestro. Falso, los delitos seguirán existiendo, pues existen muchas tecnologías (como teléfonos satelitales, radios de frecuencia o tarjetas SIMs de otros países) que son alternativas relativamente fáciles de conseguir para seguir cometiendo dichos delitos.

4. Las empresas de telecomunicaciones tendrán corresponsabilidad con los usuarios, identificando plenamente a los titulares de cada línea. Falso, la única responsabilidad que tendrán será iniciar con el tratamiento de los datos personales de los usuarios, pero en ningún momento se harán responsables del uso que se les den a dichas líneas telefónicas, ni tampoco responderán por la suplantación de la identidad de quien contrate una línea telefónica.

5. El RENAUT (registro creado en 2009) hacía responsable del registro de cada línea a los propios usuarios, ahora la responsabilidad será de la compañía de telefonía. Este hecho sí es cierto, pero lo único que genera es una muchísima mayor vulnerabilidad de los datos personales de cada usuario, pues implica que dichos datos sean accesibles (tratados) por un número muy grande de personas (simplemente imaginemos cuántas personas trabajan en los miles de puntos de venta que tienen las empresas de telefonía móvil en el país).

6. La información relacionada con el Padrón será considerada información reservada, otorgando seguridad jurídica a los titulares de la información. Falso, no es información reservada, es información confidencial; y aunado a lo anterior, el concentrar toda esa información en una sola base de datos y sin suficiencia presupuestal, genera un riesgo gigantesco de vulnerabilidad a toda esa información, independientemente de la etiqueta con la cual se haya clasificado desde la ley.

7. El único objetivo del Padrón es colaborar con las autoridades de seguridad, de procuración y administración de justicia. Aunque pudiera ser cierto, ya señalamos que de muy poco o nada va a servir, pues es sencillo que los delincuentes modifiquen su “modus operandi” actual para seguir cometiendo los mismos delitos, por lo que este padrón no ayudará en prácticamente nada a dichas autoridades, pero sí en cambio, pondrá en mucho mayor riesgo a todos los usuarios de telefonía móvil en México.

Además de ello, nadie nos garantiza que el gobierno pueda usar ese mismo padrón para fines distintos como espiarnos y controlarnos.

8. La información relacionada con el Padrón será considerada información confidencial. En primer lugar, los datos personales son siempre confidenciales, lo diga esta ley o no, por lo que es una precisión completamente ociosa e innecesaria, pero aunado a ello, como ya señalamos en el punto 6, dicha clasificación no sirve de nada si no viene acompañada de las medidas de seguridad necesarias para proteger dicha información, las cuales son sumamente costosas (actualmente imposibles de cumplir con el presupuesto del Instituto Federal de Telecomunicaciones).

9. El Gobierno Federal y los concesionarios harán campañas para incentivar el reporte de robos o extravíos de equipos y SIMs. Muy grave, porque la propia ley dispone que, si se comete un delito con tu línea telefónica, tu serás considerado el principal responsable (violación al derecho humano de presunción de inocencia) y además contiene un supuesto derecho (que en realidad es una obligación tácita) para que debas estar verificando cuántas líneas telefónicas están registradas a tu nombre en dicho padrón y si no lo haces, pues asumes la responsabilidad del mal uso que se haga con ellas.

10. Los delitos que se cometen con equipos celulares se han normalizado e inhiben la inversión de pequeños y medianos empresarios. Se reitera lo dicho, es completamente falso que existe evidencia tangible de que este padrón va a disminuir (ni mucho menos erradicar, como lo presume el dictamen) los delitos que actualmente se cometen, por lo que esta afirmación carece de sustento.

Comisionado ciudadano del ITEI Jalisco

@chavaromero

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