PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
A pesar de que en el Parlamento Abierto organizado en la Cámara de Diputados para el análisis de la iniciativa eléctrica hubo voces que advirtieron de las inconsistencias y la inconstitucionalidad de la propuesta enviada por el Ejecutivo Federal, todo indica que la mayoría de Morena atenderá la instrucción de López Obrador de no moverle ni una coma, lo que agudizará la crisis del sector en el país.
Al participar en el Parlamento, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, exhorté al Congreso de la Unión escuchar otras propuestas para garantizar los derechos de los usuarios, entre ellos, el derecho al acceso a energías limpias a bajo costo.
Demandé que las propuestas que se plantearon realmente se tomen en cuenta en el proceso de análisis y discusión de esta iniciativa, cumpliendo con los plazos constitucionales y asumiendo plenamente la responsabilidad de legislar para las y los mexicanos.
La iniciativa presidencial plantea desconocer que la generación y comercialización de la energía eléctrica es un servicio que se presta en un régimen de libre competencia, el interés público, la compra de electricidad mediante subastas eléctricas, los permisos de autoabastecimiento y los contratos suscritos por productores independientes o externos.
Además, pretende darle un revés al Poder Judicial contrariando sus resoluciones sobre el Acuerdo de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional que emitió el Centro Nacional de Control de Energía y ratificó la Secretaría de Energía.
De tal manera que es de esperar una escalada de litigios legales tanto en tribunales internacionales entre el Ejecutivo Federal y las empresas extranjeras, como confrontaciones con sus gobiernos, cuyas consecuencias económicas son imprevisibles.
Las empresas extranjeras alegarán incertidumbre jurídica en México sobre la base de que se les cambian las reglas para sus inversiones, en tanto que los gobiernos de otros países argumentarán violaciones a las leyes reformadas en 2013, así como a tratados de libre comercio, como el suscrito con Estados Unidos y Canadá, en lo
relativo a la reciprocidad en el trato a las empresas con elevadas inversiones y la libre competencia.
Expresé el compromiso del GPPRD con los derechos de los usuarios, con la generación de energías limpias y los acuerdos comerciales y tratados internacionales que beneficien a México y sus finanzas públicas, y no con quienes controlan a una de las empresas productivas más importantes del país -la Comisión Federal de Electricidad (CFE)-, mismos que la han convertido en su negocio personal.
Para las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD también resulta fundamental que se garantice el derecho de las y los mexicanos al acceso a las energías limpias a través de la ruta trazada de la transición energética y el cumplimiento del 35% de la generación de energía eléctrica para el 2024.
Los constantes apagones registrados en el país demuestran que esta iniciativa, que en los hechos pretende convertir de nuevo a la CFE en monopolio estatal y acotar la producción de electricidad por parte de las empresas particulares, es un error que tendrá un grave impacto en la economía del país.
De acuerdo con la OCDE, México se convirtió en el tercer destino más importante de Inversión Extranjera Directa en materia energética de generación de electricidad, a través de fuentes renovables y gas, al recibir más de 13 mil millones de dólares entre 2013 y 2019.
La reforma que impulsa el Presidente sólo complicará los problemas del sector eléctrico. La generación de energía mediante combustibles fósiles es un modelo caduco e ineficiente. CFE requiere modernizarse, es necesario ampliar la generación de energía limpia y más barata, y atraer más inversión privada en el sector.
