La salud, en disputa

PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza

El pasado 17 de febrero, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció la firma del convenio de ‘no adhesión’ al Insabi.

Son nueve las entidades que han decido ratificar un convenio de ‘no adhesión’. Grosso modo, la no adhesión implica no ceder la administración de los recursos, la infraestructura y el personal médico que presta los servicios de salud en una entidad, caso contrario de lo que ocurre con su adherencia. Jalisco tiene suficientes razones.

Al respecto, resulta oportuno recordar el contexto político que caracterizó a nuestro país hasta las postrimerías del siglo pasado; esto es, el de un sistema hegemónico ‘híper’ presidencializado [en virtud del amplio catálogo de facultades constitucionales y ‘metaconstitucionales’ que ejercía el Presidente], que derivó en la ineludible centralización del poder que no sólo se expresó en un único orden de gobierno [el Federal], sino en una sola persona [el Presidente de la República].

Debido al modelo federal que establece nuestra Constitución, en aquel entonces resultó un avance la descentralización en materia de educación, seguridad y salud.

Sin embargo, de manera reciente, creciente y cada vez más evidente, la Federación concentra las funciones de seguridad y salud, al crear instituciones de carácter nacional con facultades que anulan la distribución concurrente de competencias en estas materias con los gobiernos locales.

La Guardia Nacional y el Insabi son un emblemático botón de muestra. Nuestro país pasó a experimentar un efecto pendular: yendo del centralismo al federalismo, y actualmente en dirección a la centralización absorbente, bajo la excusa del manejo corrupto [efectivamente] de los gobiernos locales.

El Gobernador acierta en denunciar los intentos ‘centralizadores’. Tal como es verdad la grotesca corrupción en la que incurren gobernadores –de todo signo partidario– con el presupuesto enviado a los estados para los servicios de  salud.

Sin embargo, no debe omitirse el irrefutable hecho de que las aportaciones y participaciones federales enviadas a los estados para garantizar el acceso universal a la salud, vinieron a representar el más paradigmático y escandaloso ejemplo de la corrupción y el negocio con el que lucraron los gobernadores impunemente.

Con relación a ello, conviene recordar que la Auditoría Superior de la Federación acusa que el 53.3% del daño patrimonial causado por poco más de 16 mil millones de pesos en los gobiernos estatales, sobre el recurso destinado para el Seguro Popular, de 2013 a 2017 -y que no se ha podido resarcir-, corresponde a las entidades de Veracruz, Michoacán, Jalisco y Oaxaca.

En nuestro estado, las irregularidades detectadas expresadas en grandes cantidades han pasado por los tres últimos sexenios, siendo ilustrativos los casos de José Antonio Muñoz Serrano, Alfonso Petersen Farah y Antonio Cruces Mada, al frente de la Secretaría de Salud.

¿Existe alternativa? Ni el federalismo impune, ni el centralismo intransigente: sino un mayor control fiscalizador y sobre todo sancionador [penal y administrativamente] en las entidades federativas.

Centralizar, como respuesta a la corrupción, es una fórmula que terminará en un modelo también corrupto, además de centralizado.

Director Gral. de la Operadora SURTyC de la U de G

@Gabriel_TorresE

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