DIVISADERO/Eduardo González
En repetidas ocasiones he dicho que el negocio de la migración se encuentra en no permitir la regularización de las personas migrantes en los países a donde llegan.
En tanto la mano de obra migrante se encuentre a la sombra de las leyes en las naciones de arribo, seguirá significándose como una mano de obra barata, dócil y calificada, sin que, por ello, no sea una fuente de riqueza para los empleadores y los gobiernos, con lo cual aceitan la maquinaria económica de los países receptores.
En el caso de las personas migrantes que viven en Estados Unidos es evidente la enorme riqueza que generan y el aporte en impuestos que realizan a la hacienda pública estadunidense.
Incluso, su aporte fiscal es superior a lo que pagan en el vecino del norte las firmas de servicios por Internet, petroleras, farmacéuticas, de telecomunicaciones, las industrias aeroespacial y militar, según el Instituto de Fiscalidad y Política Económica (ITEP, por sus siglas en inglés).
Los impuestos estatales al consumo, propiedad y vivienda por trabajadores “indocumentados” suman 11 mil 700 millones de dólares al año; mientras que las industrias aeroespacial y militar pagaron 2 mil 874 millones de dólares; la industria petrolera, mil 628 millones; la industria de alimentos, bebidas y tabaco, 3 mil 369 millones; las compañías farmacéuticas, 5 mil 615, y de telecomunicaciones, 6 mil 972 millones (La Jornada, 17 de febrero de 2020).
Todas ellas se encuentran por debajo de lo que aportan al fisco los migrantes “ilegales”, quienes siguen siendo ciudadanos a la mitad por no contar con todos los derechos como residentes estadunidenses.
Con estas cifras se demuestra que los migrantes lejos de constituirse como una carga para el Estado, se consolidan como grandes aportadores de recursos para el gobierno, y evidentemente para sus empleadores y para quienes les venden todos los servicios que necesitan.
Sin duda, la riqueza que generan las personas migrantes en Estados Unidos sería mayor si contaran con un estatus regular de estancia en aquel país, sin embargo, gobierno y empresarios siguen pensando que el costo de legalizar la mano de obra migrante les generaría mayores gastos en relación al aumento de la riqueza que podrían producir los migrantes bajo otro esquema laboral.
Más allá de la riqueza económica producida por los trabajadores migrantes en condiciones desfavorables y lo que aumentaría su contribución si se regularizara su estancia, debemos estar ciertos del jugoso negocio que resulta que esa mano de obra produzca, pague impuestos y no pueda exigir derechos y servicios.
El fondo de la discusión es ese, y no otro: los migrantes aportan y soportan, pero poco importan.
