CAVILANDO ANDO/ Alfonso García Sevilla
Cualquier estudiante de Ciencia Política, Derecho, Sociología, Historia o carrera afín a las ciencias sociales conoce los orígenes del Estado y su fin primordial de conservar la vida de sus habitantes, la seguridad.
De ahí se desprende el uso legítimo de la fuerza pública para la defensa de la nación ante amenazas externas e internas. Nadie puede hacer uso de la fuerza para someter a otro si no es el Estado mismo.
En estos términos, cito la obra de J. J. Rousseau, en “el Contrato Social”, que es fundamento del Estado actual: “cualquier malhechor, atacando el derecho social, se hace por sus maldades rebelde y traidor a la patria; violando sus leyes deja de ser uno de sus miembros; y aun se puede decir que le hace la guerra.
En tal caso la conservación del estado es incompatible con la suya; fuerza es que uno de los dos perezca; y cuando se hace morir al culpable, es menos como ciudadano que como enemigo.
El proceso y la sentencia son las pruebas y la declaración de que ha roto el pacto social y de que por consiguiente ya no es un miembro del estado.
Mas como ha sido reputado tal, a lo menos por su residencia, se le debe excluir por medio del destierro como infractor del pacto, o por la muerte como enemigo público; pues semejante enemigo no es una persona moral, es un hombre, y en este caso el derecho de la guerra es de matar al vencido.”
Ante ello, reproduzco también lo dicho por el presidente López Obrador, el pasado 15 de febrero, al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Tepatitlán de Morelos:
“Sin excesos, sin autoritarismo, respetando los derechos humanos, pueden ser los delincuentes hasta familiares, hermanos, primos que se fueron por el camino equivocado de las conductas antisociales”.
¿Podemos decir que alguien que secuestra, desuella, “pozolea”, decapita, tortura, viola, asesina y descuartiza, cuelga en puentes peatonales a sus víctimas, tiene humanidad en su ser?
¿Pueden estos seres “readaptarse” a la sociedad? Algo es cierto, en nuestro país se han incrementado los casos y la saña con la que actúan los delincuentes.
Para muestra un par de botones: el feminicidio de Ingrid Escamilla y el brutal asesinato de la niña de 7 años Fátima, encontrada desmembrada en bolsas de plástico.
¿Es hora de poner en la mesa la pena de muerte contra este tipo de delincuentes?
En un país donde la impunidad ronda el 90 por ciento, es imposible poder transitar a una sociedad donde prevalezca la legalidad, el orden y la armonía, sin tomar acciones de igual o mayor magnitud, de la mano con procesos de reeducación y sobre todo, prevención, misma que a los gobernantes no les interesa o no les alcanza la vista, para implementar.
Usted amigo lector ¿qué opina?
