PUNTO CRÍTICO/ Gabriel Torres Espinoza
La Fiscalía General del Estado procesa cuatro denuncias por irregularidades cometidas en el OPD Servicios de Salud, en donde se presume opera una importante red de corrupción.
Como consecuencia, la Presidenta del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción, Lucía Almaraz, solicitó una explicación del porqué es la Fiscalía General la que está llevando a cabo este proceso y no la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
El artículo 16 de la Constitución General de la República establece que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado.
La Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Jalisco establece, en su artículo 11, que “la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de conformidad con la Constitución Política del Estado de Jalisco, es la responsable de investigar y perseguir las conductas que el Código Penal del Estado tipifica como delitos relacionados con hechos de corrupción”.
Se trata de un asunto revelador. De manera extraoficial trasciende que la Fiscalía General del Estado ‘auxilia’ a la Fiscalía Estatal Anticorrupción en la integración de ‘algunas’ carpetas de investigación, para que ésta última sea quien las consigne ante un juez.
No obstante, ahora, por alguna razón, es la Fiscalía General Estatal la que lleva a cabo el proceso de orden penal en contra de la presunta red de corrupción que opera en el OPD Servicios de Salud.
Resulta oportuna esta reflexión, porque en el ámbito federal, al Sistema Nacional Anticorrupción le ocurre lo mismo: quien de facto se ha constituido una suerte de Fiscal o Zar Anticorrupción, es Santiago Nieto, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Esta instancia ha alcanzado resultados que hasta hoy el Sistema Nacional Anticorrupción no supo o pudo, debido a múltiples factores.
Por otro lado, resulta también revelador que en los últimos tres sexenios en Jalisco (Emilio, Aristóteles y Alfaro), sea la instancia de Salud, la arrastra todo una estela de fétidas irregularidades en las revisiones practicadas en auditorías federales y estatales, con desfalcos de varias centenas de millones, algunas que incluso alcanzan los miles de millones.
Es Salud, la instancia del gobierno de Jalisco donde se concentran más casos de corrupción, continuados y solapados durante tres gobiernos consecutivos de diferente afiliación política, con diversos titulares que involucraron desde Alfonso Gutiérrez Carranza, hasta Fernando Petersen Aranguren.
Una dependencia donde, a pesar de su noble vocación, la alternancia parece haber reforzado los vicios para comprar medicamentos y material a sobre precio, caduco, donde se desvían recursos para asesorías fantasmas, compra de equipo médico inexistente o de dudosa calidad, servicios médicos cobrados y no practicados, entre las más grotescas anomalías detectadas.
Tal vez esto sea también una causa para explicar que en el año 2019, Jalisco fue la entidad con más casos confirmados de Dengue.
Salud Jalisco, junto con el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL), son la gran cloaca de expone los más diversos, ingeniosos y cuantiosos fraudes cometidos contra la Salud y las jubilaciones de los jaliscienses.
