PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
Resulta oportuno preguntarse, ¿qué está haciendo el Gobierno de Jalisco en este tenor, a efectos de analizar, vigilar y validar la congruencia entre los planes y programas municipales de Desarrollo Urbano con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial?
Resulta paradigmático y emblemático el caso de El Bajío, que del año 2011 a 2019, registró que las hectáreas urbanizadas en este polígono de fragilidad ambiental que otorga importantísimos servicios hídricos [de recarga, escurrimiento, captación y almacenamiento del vital líquido] pasaron de 58 a 315 hectáreas. Es decir, se observó un alarmante crecimiento de 443%.
Otro caso es el de la multiplicación de aguacateras sin trámite de uso de suelo, toda vez que el suelo forestal decretado en un vasto polígono del municipio de San Gabriel (apenas un ejemplo), fue ‘violentado’ a través de la tala clandestina y quema ilegal del bosque, para dar lugar a las centenares de hectáreas para la siembra del “oro verde”, y con ello propiciar, por la vía de las acciones consumadas, un cambio en el uso de suelo por la fuerza, que ha dejado indignantes saldos rojos por inundaciones en la zona: pérdida de vidas humanas, personas desaparecidas y miles de damnificados.
La autoridad municipal y estatal en Jalisco parecen absolutamente rebasadas, puesto que si bien es cierto, la facultad compartida de ordenar el territorio y el desarrollo urbano que de jure les pertenece a estos órdenes de gobierno (municipio y estado); en la práctica sucede que es el Tribunal de Justicia Administrativa quien impunemente y de facto, por la vía judicializable, ejerce la disposición del territorio para otorgar permisos y licencias de construcción que violentan todos los ordenamientos en la materia, y entregan el territorio a ‘los voraces intereses inmobiliarios’ a través de la afirmativa ficta.
Por ejemplo, en los últimos tres años, apenas un magistrado ha resuelto 36 procedimientos de afirmativa ficta que, grosso modo, autorizaron construcciones irregulares y fuera de toda norma: 22 tenían que ver con edificaciones, 10 con gasolineras, dos con permisos de anuncios [espectacular y en puente peatonal], y otros tres con una agencia automotriz en la zona protegida de Los Colomos (Kia Colomos), un bar y un establecimiento de venta de alcohol.
Entonces, ¿qué acciones prevé el Gobierno del Estado para sancionar penalmente a los magistrados corruptos que lucran con el derecho a la Ciudad?
¿Cómo se revertirá el desarrollo no sustentable del territorio en Jalisco, a la luz de los cambios ilegales de uso de suelo, de los incumplimientos de las normas y de la complicidad explicita de las autoridades con constructores y desarrolladores corruptos?
En suma, lo que se ha promovido hasta ahora, en materia de ‘ordenamiento del territorio’, es justamente su antónimo: la legalización de lo ilegal (con todas las torres chuecas de Guadalajara), la habitabilidad de lo que se debiera derrumbar (Villas Panamericanas), los desarrollos inmobiliarios en detrimento de las reservas naturales y áreas protegidas (Los Colomos, El Palomar, Santa Anita, El Bajío), además de la complicidad de los gobiernos con los que construyen al margen de la norma.
Director Gral. de la Operadora SURTyC de la U de G
@Gabriel_TorresE
