PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
Morena y sus aliados impusieron de nueva cuenta su mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar el dictamen de la minuta en materia de factura falsas; sin considerar las opiniones planteadas en el Parlamento Abierto, de especialistas, organizaciones civiles y empresariales; quienes advierten que estos cambios legales imponen un terrorismo fiscal, violan la Constitución, el debido proceso, los derechos humanos y podrían alejar la inversión en distintos sectores.
En el marco del debate en el pleno, el Grupo Parlamentario del PRD resaltó que coincide en que debe procesarse y sancionarse a cualquier individuo que, utilizando facturas falsas, defraude al Estado Mexicano y trate de eludir el pago de impuestos que todas y todos debemos aportar en beneficio de nuestro país.
Sin embargo, no estamos de acuerdo en que se viole el principio constitucional de presunción de inocencia y, por una simple sospecha, sin prueba alguna, sin sentencia y de manera expedita, sin ninguna garantía ni posibilidad de arreglar su situación, las personas puedan ser encarceladas y despojadas de sus bienes.
Porque al incluir estos delitos en el catálogo de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, se le aplicaría de manera inmediata la prisión preventiva oficiosa y el procedimiento de extinción de dominio.
El respeto al derecho fundamental de la presunción de inocencia se encuentra condicionado a asegurar que las personas acusadas de la comisión de un delito permanezcan en libertad mientras se lleva su proceso, hasta que no se demuestre su culpabilidad y su responsabilidad.
No tratamos de minimizar los problemas de recaudación que sufre el actual gobierno debido a la crisis económica que dicen que no existe, sin embargo la ampliación de la aplicación de la prisión preventiva oficiosa es una salida falsa que descansa en la suposición de que quienes elaboran y utilizan estas facturas, dejarán de hacerlo solamente por encarcelarlos o que esta situación disuadirá a quienes delinquen con ellos y, con ello, se prevendrá que se sigan cometiendo estos delitos, tal y como lo afirman las Comisiones dictaminadoras.
Lo único que se hace es que, tramposamente, se está abriendo una puerta para que la excepcionalidad de la prisión preventiva oficiosa se convierta en una nueva regla, a través de la modificación de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, de manera inconstitucional, tratando de darle la vuelta al artículo 19 de nuestra Carta Magna.
Debemos reiterar que en el PRD estamos en contra de todo acto delictivo y, de manera especial, de aquéllos que afecten el desarrollo de México, como la facturación falsa o el contrabando, pero también estamos en contra de reformas como estas, ya que tal pareciera que el Gobierno Federal quiere facilitarse el camino para la persecución de quienes, a su juicio, discrecionalmente y sin prueba alguna, afirma que defraudan a la Nación.
Con este acto, el presidente de la República de nueva cuenta deja claro que su gobierno no quiere escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos empresariales, a los organismos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos y tampoco a otras voces discordantes que se han manifestado en contra de lo que disponen estas reformas.
Debemos recordar que la extinción de dominio, siendo un procedimiento autónomo e independiente del proceso penal, no requiere que exista una investigación penal, un probable responsable o sentencia alguna.
Es decir, el gobierno puede iniciar el procedimiento de extinción de dominio y vender los bienes antes de que los dueños sean declarados culpables y serán los propios ciudadanos quienes tengan que comprobar que actuaron de buena fe, aunque no haya nadie en la cárcel por estos supuestos delitos.
Es menester indicar que, debido las características que quieren atribuirle a la defraudación fiscal, la persona procesada no podrá obtener una suspensión provisional de las medidas ni tampoco llegar a un acuerdo reparatorio que le posibilite regularizar su situación. Esto es, el ciudadano se encuentra en total indefensión.
Adicionalmente, al considerar estos delitos una amenaza para la seguridad nacional implica que las autoridades podrán utilizar cualquier información para intervenir comunicaciones privadas, solicitar al ministerio público el encarcelamiento de los presuntos responsables o someter sus bienes al procedimiento de extinción de dominio de manera expedita y los jueces deberán responder de inmediato, si es que las autoridades consideran que es un caso de urgencia y toda la información generada puede ser reservada por motivos de seguridad nacional, es decir, podrán actuar en la mayor opacidad, resguardados por la ley, teniendo como consecuencia directa el ahuyentar la inversión nacional y extranjera.
El GPPRD voto en contra porque no existe justificación alguna para que el gobierno violente los derechos de las y los mexicanos, sin un procedimiento judicial objetivo que garantice el Estado de Derecho.
Porque el motivo para que el gobierno actúe de esta manera es la arbitrariedad y la infamia que, a manera de terrorismo fiscal, actúa en contra de las y los ciudadanos.
