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Oct 09 2019

¿Todos somos iguales?

PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña

Andrés Manuel López Obrador recibió un mandato innegable de las urnas: combatir la corrupción sin distingos políticos.

Luego de un sexenio de Enrique Peña Nieto, marcado por la impunidad y el cinismo, el actual Presidente tiene la oportunidad de devolverle la credibilidad al Gobierno Federal.

Las y los perredistas festejamos el combate a la corrupción del sexenio anterior, pero nos preguntamos: ¿será la ley igual con todos? ¿veremos investigaciones expeditas en otros casos que afectan a aliados del actual Gobierno?

¿Por qué el Presidente no le pide a Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, que explique las inconsistencias y ausencias de sus declaraciones?

Si no hay nada que esconder, ¿es tan difícil explicar?

Temo que esta administración se maneja permanentemente en el doble rasero.

Ataca a toda la oposición sin distinción de corruptas y sin embargo es capaz de limpiar a los suyos con sendas declaraciones.

Manuel Bartlett no incluyó en sus declaraciones más de una decena de sociedades empresariales, algunas relacionadas con el sector energético, y tampoco una veintena de propiedades. ¿Cómo hizo un funcionario para acumular tal riqueza?

Y si fueron adquiridas conforme a derecho, ¿Por qué esconderlas?

Y aquí es donde aparece el debate de los últimos años: cómo le hacemos para construir un modelo de combate a la corrupción que no dependa de la voluntad del Presidente.

Un modelo que no esté atado a la voluntad política del jefe del ejecutivo o de cualquier responsable gubernamental.

Por ello, durante muchos años hemos apostado por el sistema nacional anticorrupción.

El sistema es una estructuración compleja de instituciones que busca garantizar que el combate a la corrupción existirá aunque llegue un Gobierno que tenga la tentación de proteger a los corruptos.

Por supuesto que es más fácil decir que “hay que portarse bien”, “que está mal robar”, “o me canso ganso que acabaremos con la corrupción”.

Sin embargo, lo difícil es construir instituciones sólidas que pervivan el tiempo.

Este Gobierno ya ha tenido pruebas para demostrar que está comprometido con la transparencia y, lamentablemente, el Presidente siempre se ha puesto del lado de los suyos.

Lo máximo que ordena López Obrador es una investigación ante la Secretaría de la Función Pública.

En el mismo sentido, como lo vimos en el caso del súper delegado en Jalisco, todo acaba en la parte administrativa -inhabilitaciones- pero nada se hace en la parte jurídica.

Esto contrasta con la forma en que se tratan los casos de otros partidos políticos.

Seguiremos presionando para que el Sistema Nacional Anticorrupción no se quede en buenas intenciones.

Seguiremos presionando para que existan fiscalías autónomas, contralorías independientes y órganos sociales que supervisen las estrategias de combate a la corrupción.

No queremos que la efectividad en el combate a la corrupción dependa de una sola persona. Y es que cuando dependemos de una sola persona, casos como el de Bartlett pueden quedar impunes.

Coordinadora del GPPRD en el Congreso de la Unión

@juarezvero

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