PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña
La marcha que realizaron el 1 de agosto integrantes de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social, en rechazo a la reducción presupuestal y la disminución de becas en algunas entidades; es la última protesta del personal del sector salud que, por el drástico recorte aplicado por el gobierno federal, se ha convertido en una bomba de tiempo.
Los cerca de 200 pasantes de enfermería y medicina, principalmente del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, demandan la instalación de una mesa de trabajo entre autoridades federales y estatales para que expliquen la asignación de plazas, categoría, pago, así como la afectación directa que tendrá el recorte de presupuesto.
Piden el pago completo a los médicos pasantes, prestaciones de ley y horarios dignos, la homologación del pago entre plazas del mismo tipo y garantizar la entrega de las mismas a médicos pasantes, así como un incremento al presupuesto que se destina a universidades para la formación en recursos humanos.
Esta es la última de una serie de protestas que se han venido dando por parte del personal médico y pacientes del sector salud por el impacto negativo que significó el recorte de más de dos mil 400 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Salud con el argumento de la austeridad y el combate a la corrupción.
A lo que se suman los efectos nocivos generados por la retención por parte del gobierno federal del presupuesto asignado para este año.
Lo peor del caso es que ante las protestas y renuncias de altos funcionarios nombrados por él mismo, el Ejecutivo Federal minimiza los problemas.
La crisis ya es generalizada. Abarca a 11 institutos nacionales y hospitales federales que incluso carecen de recursos para pagar electricidad, el mantenimiento de equipo médico y el mantenimiento en general.
Pero también reportan problemas más graves como la reducción de cirugías de alta especialidad, atención a niños con cáncer; limitación en el número de trasplantes, rezago en las cirugías programadas y falta de personal en áreas sustantivas.
Cierre de salas y servicios prioritarios y disminución en el desarrollo de protocolos de investigación, grave impacto negativo en la morbi-mortalidad neonatal y desabasto de medicamentos y material de curación.
La falta de recursos también pone en riesgo modelos de atención, calidad de vida de los pacientes y detección temprana de tumores diagnósticos y su tratamiento. (Excélsior, 23/05/2019).
La crisis también ya se extendió a los sistemas hospitalarios de ocho estados de la República que enfrentan escasez de personal y desabasto de medicinas.
De hecho, a pesar de las promesas del gobierno federal, la falta de medicamento sigue sin resolverse.
Pero la problemática también ha colocado en una situación de emergencia al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social; que atienden a millones de pacientes.
En su carta de renuncia, el exdirector del IMSS, Germán Martínez, exhibió los estragos que ha causado en el Instituto el recorte presupuestal, advirtiendo que “ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano”.
Luego de las protestas del personal de hospitales y pacientes, el gobierno federal liberó 800 millones de pesos a los institutos nacionales de salud y hospitales generales a los que se les tenían retenidos recursos; sin embargo, eso sólo permitirá resolver las necesidades básicas que se dejaron de atender en los primeros meses del año; pero los problemas de fondo del sector salud, persisten.
Por eso resulta preocupante que el presidente de la República piense que esta crisis se resolverá contratando a médicos jubilados y desempleados para que ayuden a la Cuarta Transformación “a dar atención médica al pueblo”.
Su oferta parece más una consigna clientelar que una verdadera preocupación por resolver la grave contingencia del sector y por atender íntegramente el derecho constitucional a la salud de las y los mexicanos.
