PUNTO CRÍTICO/ Gabriel Torres Espinoza
En días pasados, el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, presentó un muy oportuno plan de rescate financiero para el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), en virtud del sistemático, flagrante y trágico saqueo que tuvo este organismo público descentralizado durante el gobierno de Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval.
Los datos expuestos son contundentes y reveladores.
Resulta particularmente alarmante el déficit actuarial del Ipejal que hoy ¡asciende a 260 mil millones de pesos!, cuando apenas hace tres años el monto de dicho déficit era de 57 mil millones de pesos.
A efectos de dimensionar lo anterior, conviene destacar que el actual déficit actuarial del Ipejal es 2.2 veces mayor que el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2019.
Grosso modo, un déficit actuarial puede ser entendido como el saldo negativo resultante de las obligaciones futuras en materia de seguridad social [préstamos tanto a afiliados como pensionados; pago de las jubilaciones y a sus beneficiarios en caso de fallecimiento (viuda e hijos menores); y otras prestaciones previstas en la Ley (atención médica a trabajadores de Ipejal, p. ej.)] y el monto de los ingresos futuros para el pago de dichas obligaciones.
En ese sentido, el déficit actuarial es de tal magnitud que, para 2027, podría desaparecer el Ipejal y con él las aportaciones, pensiones y derechos de los afiliados a este sistema de seguridad social previsto para los servidores públicos del Estado de Jalisco.
Son tres los factores que han propiciado el quebranto financiero del Ipejal: 1) la insultante corrupción en su manejo; 2) las inversiones hechas a la ligera, sin el más mínimo sustento y justificación en materia de viabilidad financiera (obra de esos genios financieros contratados); y 3) la pésima administración del Instituto. Una fórmula explosiva que colapsaría a cualquier institución pública.
Respecto del primer punto, destacan las cinco denuncias penales presentadas por la Contralora del Estado, Teresa Brito, desde 2016, y que están relacionadas con la alteración de facturas y compra a sobreprecio en medicamentos e irregularidades en el suministro del Área de Servicios Médicos del Ipejal [medicamentos falsos, p. ej.].
Todas ellas siguen absolutamente impunes. El Fiscal Anticorrupción, Gerardo De la Cruz Tovar, ha pasado a convertirse en un entusiasta coleccionista de denuncias penales por casos de corrupción.
El caso es, sin lugar a dudas, una tragicomedia: mientras que la prensa escrita investiga, documenta y consigna a diario casos de corrupción, el Fiscal Anticorrupción los desestima; y cuando se trata de denuncias penales, presentadas por particulares o entes de fiscalización, las colecciona (Teresa Brito, dixit).
Como quiera que sea, es innegable el hecho de que los medios de comunicación realizan una fiscalización efectiva y más actualizada [prácticamente en ‘tiempo real’] de los recursos públicos, que todo el aparatoso y burocratizado ‘Sistema Anticorrupción’.
Otra causal del quiebre financiero de Ipejal tiene que ver con sus ‘inversiones’.
Como casos emblemáticos destaca: en 2015, la inversión de poco más de 600 millones de pesos en Abengoa, a pesar de que su calificación crediticia era menor a la permitida en las políticas de inversión del Instituto, mismas que hoy valen ¡tres pesos con 98 centavos!; adicional a ello, están los 340 millones de pesos invertidos en la construcción de las las Villas Panamericanas, que nunca recibieron un solo peso de los bancos por tratarse de una obra de “alto riesgo”, ilegal, que nunca presentó una manifestación de impacto ambiental y permisos de habitabilidad; y, por último, los 89 millones de dólares ordeñados a Ipejal para la inversión en Chalacatepec, bautizado alegremente como ‘El Nuevo Cancún’, otro fraude con la compra a sobreprecio de un predio de mil 178 hectáreas: se pagó a 13 dólares cada metro cuadrado, cuando pagaron a los ejecidatarios sólo 3.6 dólares.
Desde luego, no deja de ser plausible el acertado plan de rescate financiero anunciado por el Gobernador de Jalisco, no obstante, el problema es la impunidad que prevalece para quienes perpetraron dolosamente los cuantiosos desfalcos en Ipejal, que hoy comprometen la viabilidad financiera del las pensiones y jubilaciones…
