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Mar 15 2019

La guerra sucia de la derecha

DIVISADERO/Eduardo González

Todos los mexicanos tenemos el derecho de manifestar públicamente nuestras filias y fobias políticas, así como de realizar proselitismo a favor de las opciones partidistas que se pongan sobre la mesa.

Todos y cada uno de nosotros debemos usar ese derecho, y hacer lo necesario para mantenerlo por el bien de la comunidad.

Pero una cosa es utilizar el derecho a la libre manifestación de las ideas y las preferencias políticas, y muy otra, es realizar actividades ilícitas para denostar a los candidatos con quienes no compartimos su visión de país.

Una de esas actividades ilícitas es el financiamiento electoral desde las carteras privadas, que no solo rebasa los topes permitidos por el Instituto Nacional Electoral, sino que se ejerce en total opacidad.

Esta semana nos enteramos con más detalles de al menos dos “operaciones” para descarrilar el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato a la presidencia en 2006, 2012 y 2018. Por un lado, apareció información sobre la “Operación Berlín”, puesta en marcha el año pasado a través de las redes sociales.

Detrás de esa campaña se encontraban los empresarios Agustín Coppel (Grupo Coppel), Alejandro Ramírez (Cinépolis) y Germán Larrea (Grupo México), y Enrique Krauze, director de la revista Letras Libres y Fernando García Rodríguez, estos últimos como principales responsables “editoriales” del contenido que se publicaba.

Una parte central de la denostación fue el sitio web PejeLeaks, dedicado a fabricar y difundir calumnias contra AMLO y su familia, todo ello realizado por decenas de trolls y bots contratados para esas tareas (La Jornada, 15 de marzo de 2018).

Por otro lado, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, se refirió a la producción “Populismo en América Latina” que hace un año se anunciaba en los autobuses como próxima a estrenarse, y que tenía el objetivo de señalar el daño que causaría a México la presidencia de López Obrador.

Al final, el “documental” nunca se proyectó, pero tampoco nos dijeron quiénes habían financiado con casi cien millones de pesos el proyecto. Hoy, se menciona al “gobierno” de Peña Nieto, al del Estado de México, que encabezaba Eruviel Ávila, y a las empresas Cinépolis, Televisa, Grupo Peñoles OHL Mexico, y al Consejo Mexicano de Negocios (La Jornada, 15 de marzo de 2018) como los responsables de aportar el dinero para financiar el proyecto.

En nuestra legislación electoral se establece con claridad que los apoyos económicos irregulares, no declarados o que rebasan los límites permitidos para los partidos políticos o que son utilizados para realizar guerra sucia, son considerados como fraude electoral.

Frente a esta situación es de urgente necesidad que se investigue a fondo y que los culpables sean llevados ante la justicia.

Estas prácticas de algunos grupos empresariales minan nuestra incipiente democracia; no permiten que avancemos como sociedad, al tiempo que desde los sectores que las patrocinan se escucha la gritería que descalifica a raja tabla las acciones del gobierno lopezobradorista.

¿Qué tienen que decir de esto los eternos matraqueros de la derecha y recalcitrantes críticos de Andrés Manuel López Obrador?

Profesor investigador del Tec de Monterrey

@contodoytriques

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