RESTAURACIÓN/César Ruvalcaba
En lo que supone uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de la República, el 10 de enero se presentó “Jóvenes construyendo el futuro”. Con un presupuesto de 44 mil millones de pesos, esta estrategia busca entregar 2.3 millones de becas a jóvenes por 3,600 pesos mensuales durante un año.
El objetivo es crear “una alianza con la iniciativa privada” para que las empresas afiliadas contraten a estos jóvenes y los incorporen al mercado laboral.
Se escucha bien ¿no? Becas para que los desocupados consigan trabajo ¿quién podría estar en contra?
Más allá de la critica sobre el asistencialismo del programa, existen varios motivos para cuestionar su potencial eficiencia y repercusión a mediano y largo plazo.
En lo que sigue, se resumen brevemente alguno elementos a evaluar:
1) Subsidio a empresas: en realidad, este programa es un subsidio a las empresas para contratar mano de obra joven y con poca experiencia –por lo tanto más barata- compartiendo el pago del salario con el gobierno federal.
Al finalizar el año del becario, la empresa no tiene ninguna responsabilidad de mantener el contrato con el trabajador, por lo que puede despedirlo sin más. Eso sí, dándole una carta de que recibió una “capacitación”.
2) Salarios precarios: uno de los posibles resultados a mediano plazo es que los salarios de estos nuevos empleos sigan la ley de oferta y demanda.
Esto es, si a través del tiempo se crea una masa laboral mayor capacitada sería justo y razonable que se reflejara en mejores salarios. Sin embargo, ni el programa ni la ley garantizan esta situación.
Por el contrario, ante el aumento de fuerza laboral calificada (ahora les gusta llamarle “capital humano”) en un mercado de trabajo desregulado, es muy probable que los sueldos promedio disminuyan ante el aumento de la oferta. Con mayor razón si las empresas se habitúan a un subsidio público.
3) Política social sin política fiscal: toda política social sustentable debe fundarse en una política fiscal que redistribuya la acumulación de riqueza. No solo es éticamente justo, es económicamente necesario.
Es decir, para garantizar los programas sociales debe modificarse la política fiscal a fin de generar impuestos progresivos y estrategias redistributivas. AMLO no tocó prácticamente nada en la ley de ingresos para el 2019. Todo el mundo
estuvo atento en la discusión del presupuesto pero casi nadie señaló la inercialidad de la ley de ingresos, instrumento principal de justicia social.
4) ¿Quién se lleva los beneficios reales? Veamos, mano de obra barata y subsidiada dentro de un modelo de mercado desregulado, sin modificar la legislación laboral para garantizar mejores condiciones de trabajo y sin una política fiscal redistributiva sobre las utilidades empresariales que promueva una mayor justicia social ¿qué puede salir mal?
Para las grandes empresas, nada. Parece un programa ideado desde algún corporativo empresarial. Una visión cortoplacista y parcial del fenómeno que constituye el trabajo precario.
Por supuesto que se debe financiar la capacitación, generar esquemas para mejorar la fuerza laboral e invertir en I+D.
Pero esto debe realizarse acompañado de una serie de políticas públicas que promuevan el cumplimiento del objetivo fundamental: más jóvenes con empleo y salario digno.
Reformas a la legislación laboral, compromisos recíprocos con la iniciativa privada y una política fiscal redistributiva deben ser elementos consustanciales de una política social estratégica.
Tal como está planteado es, en todo sentido, un programa profundamente neoliberal disfrazado de progresismo.
