Con el propósito de fijar la postura del municipio respecto a la reforma constitucional relacionada con la Guardia Nacional, el Presidente de Guadalajara, Ismael Del Toro, participó en las audiencias públicas que se realizan en la Cámara de Diputados.
En el encuentro en el que participaron los presidentes municipales de las principales ciudades del país, Del Toro Castro señaló que acudió a estas audiencias con la esperanza y la confianza de encontrar oídos dispuestos a escuchar y sumar voluntades para la construcción colectiva de una ruta de acción que legitime las decisiones que orientarán la actuación de las instituciones de seguridad en el combate a la delincuencia:
“Como municipios nuestra responsabilidad es hacer lo que nos corresponde, para que en el ámbito de nuestra atribución, no existan pretextos que impidan o demeriten los esfuerzos para lograr este objetivo. Así, nuestro compromiso debe ser en todo momento aportar el cien por ciento de nuestros recursos para detener este escenario de crisis y reconstruir la paz en nuestras ciudades y en nuestras comunidades”.
Agregó que la crisis en materia de seguridad que se registra en México resulta innegable y que ha quedado en evidencia la insuficiencia y nula eficacia de las estrategias de seguridad que se han implementado en el país, al menos en la última década.
Por otra parte, reconoció la imperante necesidad de terminar con la infiltración de grupos criminales que existe en procuradurías, corporaciones, tribunales y cárceles de México.
Del Toro Castro aseguró que el desafío más grande que se tiene en este momento radica en la construcción de cuerpos e instituciones de seguridad profesionales y eficientes, capaces de prevenir, investigar y detener a presuntos culpables de actos ilícitos.
En su intervención destacó los siguientes puntos:
“UNO.- El dictamen apunta de manera preocupante a relegar a las policías estatales y municipales, ya que se apuesta con todo, a la configuración de una Guardia Nacional de corte militar, quedándose de manera alejada el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad pública de los estados y municipios, desdeñando así la importancia de su fortalecimiento y minimizando la trascendencia de lograr su efectividad y profesionalización, ya que a la fecha no se consideran en la propuesta, obligaciones concretas para las policías de todo el país, orientadas a su mejora y profesionalización.
El programa de reestructuración y fortalecimiento de las corporaciones que se ha contemplado hasta ahora, parece limitado, ya que se enfoca en definir los mecanismos de intervención y las sanciones federales, más que los instrumentos que requieren las policías de los estados y municipios, para mejorar la eficiencia y efectividad en sus servicios.
No apostarle a fortalecer a las policías e instituciones civiles de seguridad pública, significa ir en contrasentido de la consolidación democrática y el fortalecimiento institucional de nuestro país, derivando a que la toma de decisiones se concentre en en la federación y tutelar a los estados y municipios en esta materia, dejando de lado la construcción paralela de las bases institucionales que permitan a estados y municipios, ser autosuficientes en la implementación de sus políticas de seguridad.
Históricamente, este tipo de concentración de facultades en la federación, ha dejado claro que lejos de resolver problemas, los intensifica y arraiga con el paso del tiempo, además de que burocratiza la atención, ralentiza la ejecución y resulta muy costoso, sobre todo socialmente, para los municipios más alejados del centro geográfico en el que se da la toma de decisiones.
DOS.- La preocupación en torno a una estrategia de centralización se profundiza cuando identifica dos elementos de invasión de atribuciones en dicha reforma: el primero al plantear el dictamen que el ejecutivo “reglamente” las policías auxiliares de las entidades federativas y los cuerpos de seguridad privada, y el segundo al permitir que el Ejecutivo obtenga y articule información que generen las instituciones de seguridad y sus centros de monitoreo.
En este sentido el Gobierno de Guadalajara, está a favor de la colaboración interinstitucional en el marco del respeto al pacto federal, pero siempre y cuando, no de invada de forma arbitraria la autonomía de los estados y municipios, misma que la propia constitución postula y resguarda.
TRES.- Preocupa que la Guardia Nacional esté completamente a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional durante los próximos 5 años, ya que militarizaría por completo sus funciones y operación, por varias razones: la primera, es un periodo demasiado extenso que podría hacer permanente la presencia de un cuerpo militarizado en los estados y municipios; segundo, porque abarca prácticamente todo el sexenio, lo que limitaría al Ejecutivo Federal, a realizar ajustes a mitad de su periodo, en caso de que se identifiquen insuficiencias, áreas de mejora, o riesgos urgentes por atender, en la implementación de la política de seguridad propuesta.
CUATRO.- El esquema dual que plantea el dictamen para la Guardia Nacional posterior a estos primeros cinco años, al dejar la planeación, programación y ejecución de funciones de la misma a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y por otro lado su estructura, régimen laboral, y profesionalización a la Secretaría de la Defensa Nacional, podría derivar en una confusión de competencias, una desarticulación de las políticas y acciones a implementar e incluso en una parálisis funcional, de darse fricciones entre las cabezas de ambas secretarias.
CINCO.- El dictamen sigue derivando en las fuerzas armadas, la responsabilidad de responder prácticamente en su totalidad a la crisis interna de seguridad, cuando dicha obligación constitucional es de todos los órdenes de gobierno y fuerzas civiles.
SEIS.- El transitorio sexto del dictamen aprobado, prevé que en los primeros tres años tras la entrada en vigor del decreto, se realizará una reestructura orgánica y funcional a cargo del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, como condición para que reasuman el control de la seguridad las instituciones civiles de seguridad pública.
Si bien, el transitorio séptimo prevé algunos elementos diagnósticos para determinar, qué instituciones civiles de seguridad, serán intervenidas por la Guardia Nacional, son tan generales, que preocupa que parezca un cheque en blanco, el cual deja abierta la posibilidad para que de forma indistinta, la Guardia Nacional se apropie de las funciones previstas en la constitución para los estados y municipios”.
Durante esta audiencia, el Presidente Municipal de Guadalajara, Ismael Del Toro, planteó cinco propuestas:
1.- La reforma constitucional en materia de seguridad pública, debe orientarse a fortalecer las policías e instituciones civiles de seguridad en los tres órdenes de gobierno.
2.- Retirar las facultades que se le otorgan al Poder Ejecutivo Federal que trasgreden el pacto federal mexicano, ya que los acuerdos de la era de consolidación democrática que está arrancando en el país, deben estar fundados en el respeto a la autonomía de estados y municipios, y construidos a partir de un diálogo abierto, transparente y plural y del reconocimiento de las atribuciones y facultades de cada una de las entidades políticas que forman parte de nuestra federación.
3.- Se propone un mando civil para la Guardia Nacional y la realización de una evaluación a tres años de su implementación, que permita reorientar y acotar su ejercicio en caso de ser requerido.
4.- Orientar la reforma para que los estados y municipios logren a corto, mediano y largo plazo, desempeñar de manera eficiente la responsabilidad de la seguridad, a efecto de que en un periodo especificado en la reforma, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de la Defensa, regresen a atender exclusivamente las tareas que la constitución les mandata y a las cuales responde su formación y misión esencial.
5.- En esta reforma se contemplan elementos propios de leyes secundarias, el texto constitucional no puede y no debe ser reformado a la luz de coyunturas temporales, sino que debe concebirse y resguardarse, como el contrato social que enmarca las relaciones de convivencia de nuestra federación, de forma que trascienda la inmediatez y brinde certeza de las reglas que rigen el futuro de la nación.
Finalmente, Del Toro Castro se manifestó a favor de los cambios que garanticen el fortalecimiento de la democracia nacional, siempre y cuando se asegure el respeto de las libertades, así como el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, consagrados en la Carta Magna.
Externó su disposición a colaborar y poner todo el empeño necesario para recuperar la seguridad a través de la construcción de acuerdos alcanzados de manera colectiva y responsable en beneficio del país.
