PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
Las decisiones políticas que buscan concentrar atribuciones, en vez de federalizarlas, en realidad llevan varios años sin que motivaran mayor resistencia de los gobernadores –apenas cierto debate en círculos académicos-. El Pacto por México, convocado por Enrique Peña Nieto, por ejemplo, dejó de lado a los gobernadores y los poderes constituidos del Estado, de cara a la negociación de las ‘reformas estructurales’ aprobadas en el sexenio que concluye.
Un ‘Pacto’ consignado de forma acrítica en los medios, que fue suscrito por apenas una élite del gobierno y dirigentes muy cuestionados de partidos políticos (que por cierto, nadie eligió). Componenda que dio la espalda a los gobernadores, y con ello, a las entidades federativas. Un ‘trato’ para reformar la constitución y las leyes, signado con poderes informales (los partidos), en sustitución de los poderes democrática y legalmente constituidos: los legisladores federales, la SCJN, gobernadores, legislaturas locales y presidentes municipales.
Otro ejemplo es la creación del Instituto Nacional Electoral (2014), que ahora organiza elecciones estatales y municipales y que absorbió a los organismos locales responsables legítimos de organizar las elecciones en estados y municipios (OPLES). Incluso, un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desde hace más de una década se dio la atribución de anular o confirmar elecciones estatales y municipales, en franco allanamiento a ‘la soberanía de los estados en todo lo concerniente a su régimen interior’(artículo 40 constitucional).
Un Tribunal Federal que ahora resuelve, en última instancia, ¡elecciones estatales y municipales!. Incluso, los tribunales electorales estatales -los locales-, ahora son nombrados por ¡el Senado!, y ya no por las legislaturas de cada estado.
A su vez, el artículo 41 de la Constitución dispone que los partidos políticos nacionales, ¡tendrán derecho a participar en elecciones estatales y municipales! ¿Por qué un partido con registro nacional, debe recibir prerrogativas en un estado donde NO existe, donde NO acredita la barrera legal de votos para acceder al registro o la representación proporcional en elecciones locales?
Estas, entre otras reformas centralizadoras, pasaron de noche, hasta que a los gobernadores les llegó la amenaza directamente al bolsillo, bajo un modelo más concentrador (ya lo era antes también) por la amenaza de desaparecer el Ramo 23. Este ‘instrumento es conocido como provisiones salariales y económicas o Ramo 23’; tiene como objetivo otorgar recursos a Entidades Federativas y Municipios a través de fondos específicos.
Un grosero ‘maiceo’, mediante el cual el presidente aplica el premio o castigo a los gobernadores, por mala o buena ‘conducta política’. Durante el 2017, la Cámara de Diputados aprobó 35 mil 805.19 millones de pesos, que fueron solicitados por las entidades federativas y municipios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cambio de un singular ‘pacto de lealtad’, y bajo la firma final de un convenio para su transferencia.
Las resistencias de un grupo de gobernadores del PAN, encabezados por Javier Corral, y del gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, pondrán a prueba los recursos políticos y legales que hagan de los estados y municipios los posibles equilibrios de frente a un “sistema federal mexicano”, que como señala Enrique Cabrero Mendoza, “mantiene notables deficiencias que han propiciado, más bien la reproducción de un ‘centralismo multiplicado’, en las escalas estatales”… “La persistencia de arreglos institucionales autoritarios en los estados, el poco énfasis que se ha dado al desarrollo de las competencias burocráticas necesarias en el ámbito local, y las fuertes distorsiones introducidas por el sistema fiscal federal, que propicia modelos de competencia y de conflicto entre ámbitos de gobierno, más que de colaboración e integración de políticas”… “Todo esto ha llevado a la tendencia a mantener, a toda costa, una visión centralista y autárquica de la federación en el diseño y ejecución de las políticas, y ha inhibido el desarrollo de gobierno locales fuertes y de relaciones intergubernamentales fluidas” (Política y Sociedad, 2010, Vol. 47 Núm. 3: 165-186)…
