PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
Un gobierno que siga prioridades diferentes, socialmente más responsable, debe plantearse una disyuntiva: ¿Entran al gobierno 1) para ejercer el poder, 2) o para conseguir dinero, mediante el uso indebido del poder? Esta premisa se resolvió a favor de la segunda opción en los últimos 12 años de gobiernos en Jalisco.
Tanto con Emilio, como con Aristóteles, la prioridad fue el enriquecimiento de las oligarquías gobernantes (pequeño círculo en el poder), con la amplia disposición de empresarios que aprendieron un modelo para concordar con el poder (de cualquier color y partido) y conseguir contratos, obras y construir, mediante ello, grandes fortunas en detrimento de la sociedad. Esa misma por la que dicen preocuparse desde los organismos ‘cúpulos’ empresariales.
El poder puede usarse para dirigir grupos e individuos, para organizar sociedades, comunidades, mercados, actividades. El poder puede desempeñar una función social. Las consultas (sondeos y encuestas) arrojan hoy una tendencia general a la pérdida creciente de confianza en líderes políticos, en instituciones públicas, en las cúpulas empresariales, en los medios de comunicación y en las jerarquías religiosas.
Ocurre no sólo por el vertiginoso avance de las tecnologías de la información y la comunicación; sino básicamente porque los ciudadanos están cada vez más informados, y actúan con valores y motivaciones que los políticos tradicionales no logran descifrar (indignados por la impunidad y la inseguridad, básicamente).
Además, son cada vez más conscientes de que disponen de opciones para cambiar su circunstancia, cada vez con mayor rapidez.
Empero, las mismas tecnologías que empoderan al ciudadano con información, son ahora también utilizadas –se discute aún muy poco de ello- para vigilar la vida privada, para destruir la dignidad de las personas y familias, para crear expedientes de conducta de periodistas y medios frente al poder.
Estas mismas redes sociales son, también, un instrumento novedoso y sin equilibrio para la sigilosa represión y el control gubernamental, mediante la millonaria y descontrolada aplicación de recursos públicos para conseguir estas estrategias, a través de la contratación de ‘mercenarios digitales’, pagados con recursos públicos.
Estas conductas del poder sobre el ciudadano, ocurren básicamente porque a los actores políticos les costará cada vez más dificultad retener el poder al que aspiran, el que han conseguido, o el que siempre han tenido. El uso de las tecnologías creó magníficas oportunidades para los activistas e pro de la democracia, de la extensión de las libertades y de los derechos humanos.
También se habilitó como una herramienta novedosa para políticos radicales, intolerantes, represores, autoritarios y extremistas. ¿Quién las está aprovechando más o mejor?
