La impunidad, el cáncer

VerónicaJuárez

PERSPECTIVA21/Verónica Juárez Piña

La impunidad es el principal problema de nuestro país. En algunos delitos, la tasa de impunidad supera el 99%. Es decir, sólo un delito de cada 100 es investigado, perseguido y sancionado.

No es posible construir un país democrático y justo con tasas de impunidad tan elevadas. Y cuando hablamos de corrupción, como lo hemos visto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cifra de sanción es elevadísima.

El México en donde todos los días nos enteramos de casos de corrupción y, a pesar de ello, nunca pasa nada.

Para romper el pacto de impunidad proponemos cinco acciones claras, contundentes y que exigen acuerdos entre los distintos partidos políticos representados en las Cámaras.

Primero, la Fiscalía que sirva. Es decir, estamos a favor de un ministerio público completamente autónomo y con independencia para investigar lo que decida. Ningún amarre político y ninguna sujeción, sea presupuestal u orgánica. Sabemos que no es la panacea-nada lo es-, pero es más probable que exista justicia si el ministerio público es autónomo.

De ahí se deriva nuestro segundo eje para combatir la impunidad: la reestructuración completa de la Fiscalía. Se equivoca López Obrador si considera que su sola presencia va a cambiar la impunidad por justicia. Existen vicios muy arraigados en el sistema de justicia, empezando por las y los policías y llegando hasta las y los jueces, que impiden disminuir los altos niveles de impunidad.

Nuestra iniciativa es que se emprenda una profunda reestructuración de la Fiscalía, que comience por su titular pero que no acaba ahí. Si no vemos esa voluntad, no votaremos a favor del proyecto que presente el presidente electo. Queremos un plan de reforma.

Tercero, seamos categóricos a la hora de condenar la cooptación institucional en muchas entidades federativas. ¿Qué significa eso? Liberemos a las auditorias estatales totalmente cooptadas por los gobernadores o los ministerios públicos estatales que trabajan para su beneficio o están comprados por intereses de todo tipo.

Lo mismo en los poderes judiciales de los estados que están al servicio de los partidos políticos. Debemos comenzar a nivel nacional, pero eso no limita la obligación de ir a fondo en los estados.

Cuarto: no escatimemos recursos y voluntad política para erigir el Sistema Nacional Anticorrupción que queremos. Costó mucho empujar la Ley 3 de 3; la creación de la Fiscalía Anticorrupción; que un ciudadano encabezara el Sistema; la formación del Comité de Participación Social. No son logros menores. Impulsaremos su consolidación y fortalecimiento.

Y, por último, quinto: vayamos por una nueva ola de reformas en materia de combate a la corrupción. Sí, impulsemos “la muerte civil”, la no prescripción de delitos de corrupción, las auditorias ciudadanas, tribunales especializados, presupuesto constitucional.

Se alcanzaron consensos hace un par de años, pero no podemos quedarnos en aquél sitio. Los encargados de echar a andar el Sistema Anticorrupción necesitan más dientes, certezas jurídicas y presupuestales.

Si logramos estas cinco apuestas para combatir la corrupción, México estará mejor preparado para reducir la impunidad y mandar un mensaje eficaz de renovación política.

Vicecoordinadora del GP-PRD

@juarezvero

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