PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
Milenio Jalisco publica ayer que “luego de liquidar anticipadamente el contrato con la empresa Autotraffic”, el programa de fotomultas opera al 50%. El gobernador tomó la decisión como respuesta a una consulta abierta a la ciudadanía, donde ampliamente se expresó el rechazo a la forma en que operaba el programa de fotoinfracción, bajo un convenio ventajoso, para que una empresa obtuviera altos porcentajes de utilidad por cada multa aplicada.
Al asociarse el gobierno con una empresa, la aplicación de fotomultas se pactó en cuotas por mes, y entre más multas se aplicaban, más dinero obtenía la empresa y algunos ‘coyotes’ en el gobierno.
Con claridad se evidenció que lejos de buscar inhibir el exceso de velocidad, la asociación del gobierno con una empresa –muy cuestionada por cierto- sólo trajo una multiplicación exponencial de las multas, y obvio, de las ganancias para la empresa y algunos vivales que dentro del gobierno la alentaron y defendieron con las uñas.
Quedó de manifiesto un arreglo corrupto, que montado sobre la noble causa de “salvar vidas”, pretendía encubrirse para sostener un auténtico #FotoNegocio. Las multas y sanciones son necesarias. El uso de la tecnología para aplicarlas es algo positivo. No obstante, no hay que perder de vista algunos elementos medulares.
Primero. La aplicación de una multa o sanción, es un acto de autoridad. Aplicar una penalidad económica a un particular, por infringir una norma, no es un servicio (como recolectar la basura, o tratar aguas residuales).
Aplicar una multa y notificarla al infractor, no es un proceso que legalmente se deba concesionar a una empresa. Menos mediante cuotas de multas mensuales por aplicar, además pactadas por contrato.
La imposición de multas y sanciones corresponde únicamente a la autoridad, por lo que una empresa no debe ser contratada para ejercer la autoridad que sólo corresponde al gobierno.
Ejemplo: si no se paga a tiempo el predial, no hay una empresa que te multe. Si se infringe un reglamento de construcción, no es una empresa la que te sancionará.
Si tiras el agua, no puede una empresa multarte por ello. Todos estos actos deben ser sancionados por una autoridad, apegados a un procedimiento establecido en la norma.
Segundo. Las fotomultas deben ser aplicadas por el gobierno, para inhibir o corregir una mala conducta. Persiguen un fin preventivo y correctivo. Si instalados los radares, y avisada la población de la aplicación de fotoinfracciones, las multas en vez de bajar crecen (como ocurría exponencialmente con Autotraffic), significa que la medida es un rotundo fracaso.
También puede ser que deliberadamente se operan los radares de forma que el verdadero objetivo sea aplicar la mayor cantidad de multas, con la finalidad de obtener cada vez más dinero de los automovilistas, aunque la fotomulta no baje la conducta que supuestamente se quiere inhibir o corregir.
Por eso se instalaron radares en pendientes, se modificaba arbitrariamente el límite máximo de velocidad en un mismo tramo, y se trató –incluso- de ocultar algunos radares para sorprender al automovilista. El fin no era corregir o desalentar las malas conductas, sino aplicar la mayor cantidad de infracciones para asegurar una corrida financiera pactada por contrato con una empresa. Obvio, con el respectivo moche.
Tercero. La fotomulta violaba la garantía constitucional de audiencia. Además de que se aplica al dueño del vehículo, y no al conductor, que es realmente el infractor y el que debe ser castigado e inhibido a través de la imposición de una sanción.
La acumulación de fotomultas no causaba ninguna afectación, por ejemplo en la licencia para conducir o la póliza de seguro. Se aplicaban decenas o centenas de fotomultas, y mientras fueran pagadas no significaban mayor problema.
Se notificaban fuera de tiempo, muchas veces con el velado propósito de que el dueño del automóvil no accediera al descuento de la multa por ‘pronto pago’. Otra vez el fin recaudatorio.
Un ejemplo de éxito, prevención y que sí salva vidas es ‘El Torito’. Básicamente porque sí detiene al conductor, lo castiga y si es reincidente le aumenta la penalidad. Este programa sí salva vidas y para ello no es necesario -por ejemplo- contratar a ninguna empresa…
