EFECTO AKRASÍA/Rocío Morgan
A nadie le faltan fuerzas, lo que a
muchísimos les falta, es voluntad.
Víctor Hugo, escritor francés.
De vez en cuando creo conveniente recordar a los amables lectores el significado del nombre que lleva esta columna. Y así lo considero porque hay temas que sufren absolutamente del efecto que causa la Akrasía.
Akrasía es el estado en el cual actuamos en contra de nuestro mejor juicio. Es cuando hacemos algo aun sabiendo que deberíamos hacer otra cosa, o que deberíamos hacer mucho más. Es un estado mental en el que actuamos en contra de nuestro mejor bien, por la debilidad de la voluntad.
Significa actuar en contra de los propios intereses (y esta palabra no significa solidaridad ni sacrificarse por el bien de otros). Akrasia significa ese estado mental irracional en donde a sabiendas dejamos de lado la prudencia, la razón y las consecuencias para ir tras una decisión que entendemos no será buena para nosotros.
Y esto aplica al dedillo a nuestras autoridades, ante la situación de la violencia, la inseguridad y en caso concreto, los desaparecidos.
En Jalisco vamos de mal en peor, pero eso ya nos lo había anticipado nuestro gobernador, que en un acto de brutal e imprudente sinceridad, aceptó que el tema de la inseguridad va muy mal y no mejorará pronto. Para secundarlo, en días pasados la sociedad jalisciense se horrorizó e indignó tras la desaparición de tres jóvenes estudiantes de cine que hacían un trabajo escolar en Tonalá y que fueron interceptados y “levantados” por un comando armado.
Ello ha ocasionado declaraciones, movilizaciones, marchas, mitines y paros de la comunidad universitaria y de varios sectores. Hasta el multipremiado cineasta, Guillermo Del Toro, se sumó a la búsqueda a través de su cuenta de twitter y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), emitió una “macro-recomendación” (así le llamaron varios medios locales), porque incluye 65 puntos, entre acciones y protocolos que deben activarse para prevenir más desapariciones de este tipo y para dar con el paradero de estos tres jóvenes, 65 puntos dirigidos a autoridades de diversos poderes y niveles de gobierno, concretamente en el delito de desapariciones.
Sin embargo, no es que estamos hablando de tres jóvenes solamente. Sino de miles de personas, sólo en Jalisco, que al momento no se sabe dónde están o qué fue de ellas. Para colmo, según información del periódico El Universal (miércoles 21 de marzo, 2018), se ha comprobado también que las cifras oficiales sobre personas desaparecidas en Jalisco son discrepantes e inconsistentes, pues al 31 de octubre de 2017, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o
Desaparecidas reporta 2 mil 991, mientras la Fiscalía General registra 3 mil 206 personas desaparecidas, es decir, una diferencia de 215 personas. Se habla de que en México hay 31,968 personas desaparecidas.
Según este diario nacional, se trata de un delito creciente en el estado que en tan sólo cuatro años y diez meses acumula más de 14 mil casos. El organismo resaltó que hay denuncias de personas desaparecidas en 112 de los 125 municipios de Jalisco. La mayoría están concentradas en la zona metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta, pero además el estudio identificó un ‘cinturón rojo’ en nueve municipios al sur del estado, donde se presenta una incidencia de 16 a 117 casos de desapariciones.
A todos nos resulta obvio que la autoridad está ensimismada y totalmente rebasada. Como dicen coloquialmente, “andan como cucaracha en quemazón” y “dándole de palazos al agua”, sin atinar a realizar acciones contundentes y concretas que permitan distinguir un mínimo de coordinación o vislumbrar una estrategia medianamente aceptable, que permita paliar este tipo de delitos, sufriendo el efecto Akrasía y arrastrándonos con ellos al precipicio.
La autoridad estatal (del PRI) y las autoridades metropolitanas (por cierto, todas emanadas de MC y sólo Tonalá gobernada por el PRI) han sido incapaces de demostrar un poco de voluntad política, para sentarse de una vez por todas, zanjar sus diferencias (o de perdida, ponerlas a un lado) y tratar de conseguir una mediana coordinación que permita dar certidumbre a la ciudadanía, que se incrementen los operativos, los patrullajes, ni siquiera porque sea de su conveniencia electoral.
Como comentamos en la columna pasada, siguen con policías intervenidas, recluidas en la Academia en “capacitación”; no nos dicen claramente cuántos están bajo investigación cuántos fueron relevados o retirados de la calle y están ahora haciendo “trabajo administrativo” en lugar de estar en labores de vigilancia y prevención; la incertidumbre crece cada día, y junto con ella, la indignación, el miedo, la impotencia y la desesperación de los ciudadanos y de miles de familias que buscan desesperadas a sus seres queridos.
En los últimos años, han tenido que crearse organizaciones de padres de familia con hijos o familiares desaparecidos. En México, según la organiación Fundar, hay 37 organizaciones de este tipo, que incluso se dedican a recorrer los valles, barrancas y carreteras del país, buscando fosas clandestinas y a excavarlas, literalmente, con sus propias manos, haciendo la labor de investigación y búsqueda que no hace la autoridad respectiva, pasmada y ensimismada como está, reprochándonos en sus spots oficiales de que todos vemos, simplemente, “las cosas al revés”.
