TRIBUNA/César Iñiguez
En el 2011 en Colombia se gestaba un proyecto de reforma a la Ley Educativa para nivel Superior (Ley 30/92), presentado por el presidente Juan Manuel Santos; la reforma proponía, entre otras cosas, la inyección de dinero privado a la educación superior con fines de lucro, con el pretexto y justificación de la aportación de estos recursos para la modernización del proyecto educativo.
Esta propuesta administrativa implicaba la decisión unilateral del gobierno sobre la operación de la educación pública en Colombia, sin considerar a los académicos y a los estudiantes.
La reforma de la Ley de Educación Superior contemplaba, en el plano de las ciencias económico administrativas, la incorporación de una currícula académica donde se incorporaban conceptos y planes de estudio de fomento de la mano de obra, así como de la individualización metodológica de mecanismos de mercado orientados a la reproducción de la fuerza de trabajo, más que del fomento de las habilidades.
Esta propuesta de Ley se sumaban a otras que paulatinamente el Gobierno de Colombia había insertado en la Ley de Educación Superior, sin una reforma integral desde hace 20 años y teniendo prácticas que retrasaban el desarrollo académico en el país.
Esto provocó que los estudiantes de diversas Universidades de Colombia, se organizaran para construir la llamada Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que a los pocos días de publicada originalmente la reforma por parte del Presidente Santos, lanzaran una contrapropuesta, producto de grupos de estudiantes organizados en distintos puntos del país.
La organización de esta mesa trajo consigo una propuesta de ley que se resumía en seis puntos: 1) Financiación, 2) Democracia y Autonomía, 3) Bienestar, 4) Calidad Académica, 5) Libertades Democráticas y 6) Relación Universidad-Sociedad.
La fuerza de movilización de los estudiantes provocó un debate público que se generó exponencialmente en la sociedad en la que participaron muchos actores de distintos sectores de la población y de las universidades, dándose una seria discusión del sistema educativo colombiano y del modelo en su conjunto.
Criticaron con severidad la inyección del recurso privado a la educación superior vulnerando su gratuidad, además exigieron plena autonomía para que dentro de las propias universidades se generara una administración autónoma, tanto de los planes de estudio como de la aplicación de sus recursos.
Lo atractivo de este movimiento gestado en Colombia es la generación de un activismo de antítesis de lo que generalmente ocurría con las protestas estudiantiles tradicionales que incluían paros, bloqueos, marchas y tomas de instalaciones; se generaron actividades alternativas como los “abrazatones” y los “besatones” por la educación, acompañados de festivales culturales y carnavales que acompañaban las movilizaciones; los flashmobe en las calles y redes sociales provocaron debates y discusiones de extraordinario nivel que alcanzaron espacios de instituciones públicas, incluyendo el Congreso de la República.
El impacto mediático y la imagen favorable que generó este movimiento de estudiantes tiene un valor agregado por el perfil altamente calificado de esta nueva generación de jóvenes que dieron una propuesta de muy buen nivel y que alcanzó a sensibilizar a la ciudadanía para integrarse en un debate público, que provocó que el Presidente Santos retirara el proyecto de Ley que había presentado, por lo que continuó el estudio y elaboración de un nuevo modelo que desembocó en la reconstrucción del sistema educativo de Colombia con el lanzamiento de la Ley Alternativa de Educación Superior.
Pongo este ejemplo, porque es a través de los jóvenes con perfiles cualitativos y calificados es como se pueden realizar grandes transformaciones sociales; gestando irrupciones al sistema político caduco que ha dejado pésimos resultados.
Las dinámicas sociales han cambiado, mucho de lo que hoy se encuentra como paradigma en el ejercicio público se encuentra en etapa anacrónica e inservible, se tienen que cambiar las formas de hacer política y de ejercer el gobierno de nuestras ciudades, para dar resultados eficientes.
Se requiere echar mano de nuevas tecnologías y de modernización para eficientar el gasto público; se requiere bajar sueldos altos y convertir los gobiernos lentos, obesos, pesados, costosos y burocráticos, en gobiernos de rápida respuesta, cercanía con la gente, ligeros y delgados de nómina, austeros y eficientes.
Por ello se requiere sangre nueva, con ideas novedosas y eficientes para generar gobiernos cercanos y con visión de futuro.
