POLÍTICA SIN ÉTICA/Jonadab Martínez
Aunque el actual gobierno de Jalisco no lo quiera reconocer, el transporte público está viviendo una de sus peores crisis.
No lo digo yo y tampoco me adjudico encontrar el hilo negro en este sensible tema, basta revisar los comentarios que los usuarios comparten en sus redes sociales para darme una idea de la situación.
Van desde descalificaciones, denuncias de que operadores no dan la parada, circulan con ruido, bajan pasaje en lugares prohibidos, cambiaron su derrotero, se niegan a recibir transvales o bienevales, agreden al usuario, unidades que dejaron de pasar, circulan lento, las destinadas a dar el servicio a personas con discapacidad y no lo hacen, en fin, aquí podría seguir con la lista de quejas de los usuarios; lo peor, es que las autoridades creen que esto no existe, que el transporte es bueno y que van avanzando en la ruta correcta.
Paralelo al informe del Gobernador, acepté el nombramiento de vicecoordinador de la bancada de los Diputados Ciudadanos en el Congreso de la Unión y lo agradezco profundamente. Presido la Comisión de Movilidad y también participo en las comisiones de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Juventud y Transporte, lo que me abre el panorama a la problemática urbana y me permite conocer a detalle lo que sucede en realidad con el transporte público de Jalisco.
En la justificación constitucional de la Ley de Seguridad Vial que propuse en la Cámara de Diputados, cité la necesidad de hacer cumplir el objetivo de proteger la vida e integridad física de las personas, con un enfoque preventivo sí lográramos disminuir el factor de riesgo y dar pie a poner en marcha los sistemas viales seguros.
Muy importante será que los gobiernos de las entidades federativas del país hagan un esfuerzo mayúsculo en mejorar los servicios que prestan en el transporte público, privado o subrogado.
El alza en los combustibles es cada vez mayor y la ciudadanía quizá se decida a dejar su vehículo y utilice los sistemas de transporte público que se ofrecen, como una medida emergente para paliar los altos costos que debemos pagar por cada litro de gasolina.
La denuncia ciudadana es un termómetro que estamos aprendiendo a revalorizar. Cada vez más nos atrevemos a evidenciar aquello que nos molesta.
Los jóvenes, ésta nueva generación internauta, es más atrevida. Se apoyan de un aparato móvil, toman fotos instantáneas y con una redacción corta pero contundente, crean un cambio que en otros tiempos no hubiera sido posible.
Es evidente que la denuncia o el reporte generado queden perfectamente retroalimentado y quien la reciba conteste y dé seguimiento puntual, de lo contrario estamos destinando un ejemplo plausible a un hartazgo generalizado por la falta de competencia para poner orden en el desorden.
Si queremos cambiar, propiciemos que el mal comportamiento de algunos choferes no quede en el anonimato.
Propiciemos mejorar el servicio comprando transvales en los puntos que estable la instancia oficial, que sean auténticos, mantengamos limpias las unidades, alejados del vandalismo, sumemos un esfuerzo para que no seamos el pretexto de su extinción.
Esta negatividad de los operadores podría terminarse si se implementara el pago electrónico, pero la arcaica práctica y la falta de actualización en el sistema de transporte nos tiene detenidos en el tiempo.
