PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
Ahora que se instaló el ‘Sistema’ Anticorrupción en Jalisco, resulta oportuno preguntarnos ¿por qué la corrupción no se castiga? –incluso se alienta-. Exclusivamente la contralora Teresa Brito Serrano ha presentado siete denuncias ante la Fiscalía General; todas archivadas, congeladas por falta de voluntad para aplicar castigos.
Vemos. El 15 de agosto de 2017, Agustín del Castillo consignó en Milenio, que “La Contralora del estado, Teresa Brito Serrano, interpuso denuncia penal en la Fiscalía General del estado, en contra de ex funcionarios del Instituto Jalisciense de Fomento al Comercio Exterior (Jaltrade), por la adquisición a sobreprecio de la finca donde se ubica la Casa Jalisco en Chicago… por un daño al erario de casi dos millones de dólares”.
“La denuncia fue presentada hace más de un año pero no había trascendido a la opinión pública: interpuesta el 29 de mayo de 2016, fue ratificada el 20 de junio siguiente (averiguación previa 1958/2016)”.
La nota de marras demuestra que “Los funcionarios del gobierno de Emilio González Márquez habrían incurrido en responsabilidad al pagar un inmueble de casi 1.7 millones de dólares, en más del doble, 3.5 millones de dólares, sin mediar un avalúo o valoración a que estaban obligados como servidores públicos de Jalisco”.
Investigación, como muchas otras, detenida en la Fiscalía General, porque existe un gran pacto de impunidad en Jalisco para NO tocar, ni con el pétalo de una rosa, al ex gobernador González Márquez.
Tal vez en espera que el siguiente gobernador obre con el mismo criterio –de alentar la impunidad- para los que hoy terminan el sexenio (la moneda de cambio de la transición pactada en Jalisco).
El martes 7 de febrero de 2017, Notisistema anunció que “La Contraloría del Estado ha presentado, [desde el 26 de diciembre de 2016] dos denuncias penales por anomalías en Pensiones del Estado. La contralora Brito Serrano afirmó que “terminamos la auditoría, presentamos dos denuncias porque tenemos alteración de facturas y de documentos en relación a préstamos”.
Es un secreto a voces la enorme corrupción que existe en Pensiones del Estado para el otorgamiento de préstamos que exceden los montos posibles, así como una red de corrupción interna que solicita dinero a cambio de arreglar cualquier solicitud de préstamo, se reúnan o no los requisitos de ley. Otras dos denuncias que no se investigaron y se mantienen archivadas, también por falta de voluntad política.
El 1 de noviembre de 2017, Rosario Bareño consigó en el Occidental que nuevamente, la contralora Teresa Brito presentó otra denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, “por uso indebido de atribuciones en Sistecozome”.
Al respecto, Brito dijo que “la Contraloría ya caminó en eso, recuerden que en el decreto de extinción los diputados recomendaron y dijeron, ante esta situación que va haber de trascendencia penal, y decía el decreto que la contraloría analice y disponga lo correspondiente, la Contraloría ya procedió y ahora compete a la Fiscalía”… “yo ya señalé por uso indebido de atribuciones, yo hablé de dos personas, más quienes resulten”.
Nuevamente, sin el visto bueno del Poder Ejecutivo, nada pasa. Otra denuncia penal congelada en la Fiscalía General, por que no existe compromiso para castigar la corrupción.
A la larga lista de denuncias entrampadas en la Fiscalía General se suma la presentada por la contralora el 22 de agosto de 2017, por la adquisición fraudulenta (a sobre precio y de mala calidad) de equipo informático.
Así como las dos denuncias presentadas, también por la contralora Brito (19 de septiembre de 2017 y 10 de enero de 2018, respectivamente), por irregularidades en la Secretaría de Salud, esa que dejó Antonio Cruces y a la que llegó Alfonso Petersen para ‘lavar la ropa sucia en casa’…
Jalisco necesita un ‘Sistema’ Anticorrupción, como medida ‘efectista’, básicamente porque este gobierno acredita (aquí sólo algunos datos), que no tiene la menor voluntad de castigar la corrupción –todo se le resbala-.
Por eso las siete denuncias de Tere Brito, como las 13 denuncias presentadas por Bañuelos Guardado, siguen congeladas en la Fiscalía General. Básicamente porque en Jalisco, el que la hace… no la paga.
