Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), informó que la dependencia a su cargo atrajo las investigaciones que llevaba a cabo la Fiscalía de Chihuahua por los presuntos desvíos de 250 millones de pesos a las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2016.
El titular de la Fepade informó que la Fiscalía cumplirá la ley a través de «una investigación profesional y conforme al debido proceso», que la dependencia a su cargo tiene jurisdicción sobre el caso y que si hay responsabilidad se actuará «conforme a derecho».
El titular de la Fiscalía Especializada justificó la atracción de las investigaciones, porque, según él, tras analizar una denuncia del Partido Acción Nacional (PAN) y otra del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentadas ante la Fepade se consideró que los hechos tienen conexión con otros que ya se investigaban a nivel federal.
«A partir de ahora la Fepade está en espera de que la Fiscalía de Chihuahua, en el marco de la ley, remita la investigación en curso para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en materia penal electoral», señaló Díaz Santana en una conferencia de prensa.
«Lo anterior debido a la conexidad que muestran el proceso de investigación con posibles delitos electorales del orden federal que fueron denunciados ante la Fepade por diferentes partidos políticos nacionales», indicó el titular de la Fiscalía Especializada adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR).
«Se llamará a comparecer a las personas que probablemente estén implicadas en el asunto», señaló el fiscal sobre los nombres que han sido relacionados en el caso, entre ellos Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y de Luis Videgaray Caso, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El funcionario federal precisó que fueron cinco las razones por las cuales la Fepade decidió hacerse cargo de la investigación iniciada por las autoridades de Chihuahua. En primer lugar, dijo, porque la Fiscalía Especializada tiene la facultad de actuar cuando un partido político nacional recibe apoyos ilegales, aún cuando sean recursos estatales.
En segundo lugar, señaló Díaz Santana, que la facultad de fiscalización de los partidos políticos es exclusivamente federal. Tercero, que la Fepade tiene la obligación de investigar las denuncias que en febrero pasado presentaron tanto Morena como el PAN.
En cuarto lugar es que el Poder Judicial de la Federación (PJF) resolvió en dos procesos penales en curso que los desvíos de recursos públicos del Gobierno de Chihuahua al PRI son competencia federal. Además de que la facultad de atracción está prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
«La atracción no varía los delitos ni las penalidades que se investigan en el fuero común […] El tema del financiamiento público ilícito a los partidos políticos es una demanda ciudadana, y es un aspecto fundamental para garantizar la equidad de la competencia política», afirmó el titular de la Fepade.
El pasado 20 de diciembre la Policía Federal y la Fiscalía de Chihuahua detuvieron en Torreón, Coahuila, a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI nacional, por el delito de peculado en el presunto desvío de 250 millones de pesos a las campañas del Revolucionario Institucional en el 2016, en supuesta triangulación con la SHCP.
