Los Diputados Federales de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena presentaron esta mañana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que promovió el gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con los legisladores de las cuatro fuerzas políticas representadas en Cámara de Diputados, la Ley de Seguridad Interior está plagada de violaciones constitucionales en diversos ámbitos, entre los que destacan:
· Invade la esfera de competencia de los estados y municipios en las obligaciones que les son impuestas
· La ausencia de facultades del Ejecutivo para emitir la Declaratoria de Protección de la Seguridad Interior, sin que exista una petición expresa por parte de las entidades federativas
· La reserva de toda la información que se genere con motivo de la aplicación de esta Ley, por ser contrario al principio de máxima publicidad.
· La delimitación de atribuciones del Presidente de la República, en el marco del esquema de coordinación en la atención de una Declaratoria
· La muy cerrada delimitación de conceptos político-electorales para la exclusión de la Ley
· La delimitación de la Coordinación con el Ministerio Público en la atención de los delitos
Los diputados de los cuatro grupos parlamentarios consideraron como un grave error y un abuso de las mayorías en ambas cámaras, haber aprobado la Ley de Seguridad Interior sin haber escuchado todas las voces que señalaron con oportunidad sus elementos inconstitucionales e inconvencionales, por lo cual se tuvo que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que haga respetar libertades y derechos.
Expresaron su confianza para que esta instancia admitirá el recurso legal y, después de un análisis exhaustivo, resolverá la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior.
Sostuvieron que sí es necesario reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas; sin embargo, no es llevándolas a los extremos como se solucionará el problema de inseguridad en el país.
Adelantaron que ahora es competencia de la SCJN determinar si el conjunto de la ley y específicamente 28 del total de sus 34 artículos son válidos constitucionalmente, además de ser consistentes con el control de convencionalidad, al estar en conflicto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Esta demanda se suma y coincide con la visión de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, además argumentos que le corresponden al Senado de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a Ia Información y los que han señalado un amplio sector de expertos y organizaciones ciudadanas.
Específicamente reclama la invalidez de los artículos 1, 4 fracciones II y IV, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y segundo transitorio de la Ley de Seguridad Interior.
Finalmente, informaron que a partir de recibida esta acción, la Suprema Corte designará un Ministro Instructor quien admitirá la demanda, determinará los trámites subsecuentes y preparará el proyecto de resolución.
“Estaremos pendientes de la resolución que emita la máxima instancia de justicia del país y no dejaremos de insistir en que esta Ley de Seguridad Interior está lejos de ser la que el país necesita”, concluyeron.
