PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
Con la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción, Jalisco se coloca a la vanguardia en cuanto esta iniciativa.
Arrancó en el ámbito federal, pero que paradójicamente allá no ha podido ejecutarse por falta de acuerdos.
Más puntualmente, por la ausencia de compromiso tácito con la reforma que dio origen a este peculiar aparato burocrático que, en teoría, debió incidir en la disminución de la corrupción; uno de los dos grandes problemas de México.
A nivel nacional, el tan discutido ‘sistema’ no arrancó antes de terminar este sexenio. Está por verse, dependiendo de quién gane la presidencia, si habrá continuidad o será de esas iniciativas que se reinventarán con el cambio de gobierno.
En Jalisco el balance es positivo. Básicamente todos los eslabones del ‘Sistema’ prosperaron, debido a un cúmulo de voluntades que, por convicción u obligados por las circunstancias, aportaron su parte. Incidieron de forma positiva la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el Comité de Participación Social, el gobernador de Jalisco, los legisladores del Congreso del Estado, las organizaciones sociales, universidades y ONGs que sostuvieron una participación vigilante del proceso de integración del SEA.
No estuvo exento de errores, fundamentalmente producto de la ausencia de antecedentes para llevar un proceso engorroso y de enorme complejidad política. No obstante, esta semana Jalisco alcanza la instalación de un Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, con perfiles idóneos, socialmente evaluados, y políticamente avalados por los partidos representados en el Congreso.
Incluso, con la sal y la pimienta que le puso un amparo concedido por un juez, sobre una expectativa de derecho, que dio lugar a tres semanas intensas de debate. Al final, incluso, el desistimiento al amparo se suma al cúmulo de voluntades que abrieron paso a lo que se consideró políticamente correcto. Sigue, ahora, el tiempo de los resultados.
La ocasión para legitimar el SEA en un estado alarmantemente impune, donde el que la hace… no la paga. Justo donde la corrupción es alentada con la tolerancia, la complicidad de las principales fuerzas y la protección política. Momento para demostrar que el SEA no es otra respuesta burocrática efectista de los gobiernos a un problema enraizado, en el cual, hasta ahora, no se han atacado las principales causas que lo originan: un sistema viciado de procuración e impartición de justicia.
Para que el SEA pueda cubrir la enorme expectativa que se generó, a partir del reconocimiento tácito de la corrupción impune de Jalisco, las voluntades que coincidieron para la integración de esté serán indispensables, si esperamos buenos resultados.
No hay que olvidar que en Jalisco siguen pendientes los castigos al ‘robo del siglo’, denunciado por el titular del Supremo Tribunal de Justicia, que no dio lugar a ninguna investigación. Más de 14 denuncias presentadas por el ITEI –en tiempos de Jorge Gutiérrez Reynaga- que se mantienen congeladas en la fiscalía.
Los casos de la Ciudad Judicial, las Villas Panamericanas, “el Disparate”, Arcediano, el presupuesto cuatro veces inflado para los juegos Panamericanos.
El fraude con dinero de IPEJAL en Chalacatepec. El fraude en el programa de FotoInfracciones. La abierta corrupción en la SEDER, en el CAPECE, en las extintas Secretaría de Validad y Transporte, en la Secretaría de Desarrollo Humano, en la Secretaría de Administración, las inversiones delictivas de IPEJAL en Abengoa. Los desfalcos en la ejecución del seguro popular y la deuda irresponsablemente contraída en los ayuntamientos.
El fraude en ICONIA, donde sigue sin cumplirse absolutamente ninguno de los compromisos contraídos con Guadalajara. Incluso, con las denuncias del ex contralor Bañuelos Guardado, quien “hurgó en un basurero”, pero sus observaciones y denuncias no avanzaron en la fiscalía, por la falta de ‘voluntad política’.
También hay investigaciones impunes, como las anomalías por 426 millones de pesos que reportó el despacho Russell Bedford, sobre la auditoría que practicó a la LVIII Legislatura, a la cual la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) -tan sólo en 2009- fincó cargos por 280 millones de pesos.
Mucha tela para comenzar…
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