El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó -por unanimidad- los Lineamientos para llevar a cabo la inscripción, reinscripción, cancelación, baja y refrendo en el Registro Nacional de Proveedores para los prestadores de bienes o servicios de los partidos políticos, precandidatos, candidatos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes.
El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello subrayó que se trata de inyectarle transparencia al destino de los recursos públicos que se invierten a la política, “para que la simulación no prevalezca en la financiación de la política”.
Dijo que la democracia gana cuando la rendición de cuentas se concreta. “Como parte del Estado mexicano tenemos que robustecer la capacidad de la recaudación fiscal, así que ésta es una decisión virtuosa en doble sentido: por un lado como un mecanismo de fiscalización para inhibir la tentación de recurrir como proveedor de servicios a empresas constituidas exprofeso para un giro determinado y que prestan uno distinto; empresas involucradas en lavado de dinero en sus múltiples expresiones y aquellas que tienen que ver con el financiamiento paralelo”.
Por otro lado, abundó Córdova, con estos lineamientos se busca evitar que la evasión fiscal que también es una manera de corrupción, irrumpa en la política.
El Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización precisó que con esta normatividad, el INE podrá solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) su opinión respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores.
Se busca cerrar la puerta a “empresas fachada” para que los recursos de los partidos políticos mayoritariamente públicos se entreguen sólo a proveedores que estén al corriente con sus obligaciones fiscales.
“Cuando el SAT emita una opinión negativa, el INE cancelará el registro como proveedor, lo que blinda la certeza y la rendición de cuentas”, señaló Murayama y agregó, que “contribuyentes que no pagan impuestos, que no cumplan con sus impuestos o estén en alguna situación incorrecta en sus obligaciones, no puedan beneficiarse de recursos públicos obteniendo contratos con las administraciones públicas”.
