CAVILANDO ANDO/Alfonso García Sevilla
Ríos de tinta están corriendo en cuanto a la polémica que ha generado, incluso a niveles internacionales, la recién aprobada Ley de Seguridad Interior, que en mi opinión muestra dos grandes fracasos, más allá de los puntos débiles en las formas y la definición de Amenazas a la Seguridad Interior, que en su artículo 11 establece: “comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla”, o se identifique “la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional”.
El primero de ellos queda bien plasmado con lo ya referido, y es preocupante ya que acepta de facto la derrota de los modelos actuales en materia de seguridad pública y solo describe lo que pasa en la actualidad:
El crimen organizado ha rebasado a las autoridades civiles y las cifras así lo demuestran, mes a mes los índices de homicidios, secuestros y todo tipo de delito se incrementan ante la rabia de los ciudadanos y la inoperancia de las policías de los diversos ámbitos de gobierno.
En la actualidad no se percibe una reforma integral de los modelos de combate a la delincuencia que genere instituciones modernas, eficaces y con personal altamente capacitado.
Con programas que atiendan la prevención del delito y un combate eficiente a todo tipo de delincuentes, donde la impunidad y la corrupción en un área donde lastima hondamente al ciudadano, sea desterrada. En otras palabras inteligencia, compromiso y honestidad.
Más allá de recurrir al ejército con el alto grado de riesgo que conlleva el dejar en evidencia la superioridad del narco, el Estado mexicano no está actuando a la par de la implementación de esta cuestionada ley.
Por otra parte exhibe el gran fracaso de la reforma constitucional en materia penal del año 2008 que plateó el nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio adversarial, donde se introdujeron los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Penales, con los que se pretendía la resolución de conflictos derivados de la comisión de un delito, con la pretensión de alcanzar la reparación del daño, la reconstrucción del tejido social y contribuir a la despresurización del sistema penitenciario.
Sin atender de fondo estos dos grandes fracasos por parte de los poderes del Estado transitaremos hacia la gradual militarización de la seguridad pública, misma que la Ley de Seguridad Interior acaba de iniciar. Aquí radica el gran reto, ojalá y cumplan con su tarea.
