PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), recientemente advirtió que poco más de 593 mil personas podrían perder el dinero que tienen ahorrado en 97 cajas populares, ya que estas se encuentran en “insolvencia” o “potencial quiebra”.
La dimensión de activos que registran estas 97 cajas populares ascienden a poco más de 6,209 millones de pesos.
Para hacernos una idea, el Ayuntamiento de Guadalajara ejercerá para este año (2017) poco más de 7,800 millones de pesos.
Es muy relevante destacar que de los 2,446 municipios en que se divide el territorio mexicano, sólo en 800 de ellos existe una sucursal bancaria.
Ello explica, también, por qué la gente recurre a las cajas populares y por qué éstas tienen una utilidad práctica en donde, efectivamente, no hay un banco.
Mientras que los bancos atienden –aproximadamente- a 78 millones de personas en México, las Cajas Populares dan servicio a unas 10 millones de personas. Estas acusan activos equivalentes a los 100 mil millones de pesos.
La cifra es prácticamente equivalente al Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2017, que asciende a poco más de 100 mil 900 millones de pesos.
En nuestro país existen un total de 156 Cajas Populares que SÍ se encuentran “autorizadas” por la Condusef (que ofrecen certidumbre).
La lista de los tres principales estados de la República con mayor número de cajas populares “autorizadas” son: Jalisco con 51; Michoacán con 22; y Guanajuato con 20. Como puede advertirse, nuestro estado tiene especial predilección por las cajas populares como método financiero de ahorro.
Lo anterior, parece tener sentido si se considera que la justificación existencial de las cajas populares –que pueden vivir en condiciones de legalidad y ser regularizadas por el Estado– radica en el hecho de que 1) proliferan en zonas donde la infraestructura bancaria aún es limitada o inexistente (el norte del estado, por ejemplo); 2) ofrecen servicios financieros para personas con escasos recursos o ingresos que no son constantes; y 3) acogen a micronegocios que no tuvieron éxito de financiamiento en la banca formal.
Sin embargo, debe decirse que las 97 cajas populares que NO están “autorizadas” por la Condusef en México y que están en riesgo de “potencial quiebra” o “insolvencia”, se encuentran distribuidas en 28 entidades federativas.
Estas 97 cajas populares están “impedidas para captar” más recursos o aceptar a un mayor número de socios.
Son un riesgo inminente para quienes tienen su dinero ahí o lo piensen ahorrar en ellas. Dentro del ‘Top 5’ de las entidades federativas que tienen un mayor número de Cajas Populares en condiciones potenciales de “quiebra” o “insolvencia”, se encuentran: Oaxaca (con 30); Michoacán (con 14); Jalisco (con 13); Veracruz (con 11); y Guanajuato (con 10).
Resulta inverosímil que Jalisco, el tercer estado de la República con el PIB más grande en el país, tan sólo antecedido por el Estado de México (1ro) y Nuevo León (2do), figure -por mucho- como uno de los estados con mayor número de Cajas Populares “autorizadas”, y también como el tercero con mayor número de Cajas Populares en “insolvencia” o “potencial quiebra”.
Para entender la proliferación de Cajas Populares en Jalisco, tal vez resulta oportuno también considerar el uso ‘extraoficial’ de las Cajas Populares para ‘lavar dinero’.
La manera más sencilla de verificar si una Caja Popular se encuentra “autorizada”, es revisar la página Web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o la Condusef (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127476/Listado_Cajas_de_Ahorro_Populares.pdf ).
Resulta de la mayor importancia que los gobiernos se apliquen a difundir el listado de cajas populares NO autorizadas, que representan hoy un alto riesgo para el ahorro popular y que pueden detonar un nuevo conflicto social.
Deben advertirle a la población sobre esos que llegan a ofrecer tasas de interés de más del 10%, -fuera de los valores de mercado-, ya que son en realidad una bomba de tiempo, que terminará por arruinar el capital de ahorro de familias y negocios, debido a la avaricia por conseguir tasas de rendimiento que, simplemente, son insostenibles…
