El presidente destituido del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, se encuentra en Bruselas según dijeron este lunes fuentes del Gobierno de España a la agencia EFE, el mismo día en el que Madrid comenzó a tomar el control político de la región.
El mandatario viajó Bélgica, donde se encuentra la sede central de la Unión Europea (UE), junto con otros miembros de su Gobierno depuesto para mantener contactos políticos, y se espera que realicen una comparecencia conjunta por la tarde.
El viaje se hizo público apenas una hora después de que el fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, anunciara la presentación de una querella ante la Audiencia Nacional por rebelión, sedición y malversación contra él y el resto del gabinete catalán, así como otra querella ante el Tribunal Supremo contra la mesa del Parlamento.
Esas querellas versan sobre el proceso secesionista impulsado por ambas instituciones y, en concreto, por la declaración de independencia aprobada el viernes pasado por la Cámara autonómica, que fue respondida por el Gobierno español con el cese del Gabinete catalán y la disolución del Parlamento de esa autonomía.
Según fuentes consultadas por El Periódico, el gobierno de España “no estaba preocupado” por el viaje de Puigdemont y su gabinete, ya que su interés estaba en que los funcionarios depuestos no se presentaran en el Palacio de la Generalidad durante el traspaso de poder.
Más allá de que una orden de detención por parte de un juez contra ellos obligaría a que fueran entregados inmediatamente a las autoridades judiciales españolas, fuentes de la Abogacía del Estado concretan otros escenarios que explican la inaplicabilidad de la figura del asilo, tanto diplomático como territorial, según el Tratado de Ámsterdam firmado por todos los integrantes de la UE y en el que se incluye la declaración relativa al protocolo sobre asilo a nacionales de los Estados miembros.
En primer lugar, esas fuentes señalan que la situación actual del ‘expresident’ no encajaría de ninguna manera en el supuesto de asilo diplomático puesto que en la legislación europera no rige dicha figura.
Tampoco podría darse el caso de asilo territorial por dos motivos: según el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 España es a todos los efectos un «Estado seguro».
En segundo lugar, porque los hechos que Puigdemont habría cometido antes de la hipotética solicitud de asilo constituyen delitos graves comunes —sedición y rebelión, los mismos por los que la Fiscalía ha confirmado hoy su querella— y, por tanto, quedarían fuera de la protección de Ginebra.
