RESTAURACIÓN/César Ruvalcaba
La política fracasó como medio para resolver la tensión en Cataluña. El día viernes 27 de octubre se decretó la declaración de independencia unilateral (DIU) por el Parlament catalán y al mismo tiempo el senado español determinó la aplicación del artículo 155 de la Constitución que legitima la intervención de las instituciones y del gobierno de Cataluña por parte del Gobierno central.
Ninguno de los dos bandos quería tomar estas decisiones. Hacerlo fue más el resultado del fracaso del diálogo y la sensatez que una estrategia planeada y deseada para resolver el conflicto. Pero la deriva de la radicalización en las posiciones de ambas partes y la dialéctica que alimenta –convergentemente- sendos nacionalismos, no tuvo más opciones.
Sin embargo, tanto la DIU como la aplicación del 155, se decretaron de una manera tan sui generis que merece la pena reflexionarse. Tal es la desconfianza y la incertidumbre en el paso obligado que dieron ambas posiciones que, al hacerlo, fue necesario salvaguardar ciertas formas y elementos que anticipan los cauces subsecuentes.
Una declaración de independencia forzada:
El pleno del Parlament retrasó la votación para asegurar que el senado se reuniera antes y que de esta manera la DUI fuera posterior a la votación de la aplicación del art. 155. Del mismo modo, la votación de carácter secreto no fue para salvaguardar la libertad de los diputados votantes sino para esquivar las acciones judiciales que podrían resultar.
El propio texto no declara literalmente la independencia sino que se le encarga al Govern que asuma el resultado del voto del 1-O y adopte las medidas necesarias para su ejecución. Además, Puigdemont no tomó la palabra en el debate sino que dejó que Dolors Sabaté, alcaldesa de Badalona, llevara la voz cantante.
Con ello no solo se protegen de los procesos judiciales sino que evitan asumir directamente la responsabilidad de una declaración que puede desencadenar graves consecuencias.
Una intervención parcial del Gobierno central.
Pero tampoco el Gobierno de Rajoy deja caer todo el peso de la ley ni hace uso total de las facultades que le otorga el art. 155. Por el contrario, propone una intervención mesurada y gradual. Si bien destituye a Puigdemont y al Govern para nombrar a Soraya Sáenz, vicepresidenta del gobierno, como encargada de todas las funciones en Cataluña, también convoca el 21 de diciembre a elecciones autonómicas. Con ello, intenta buscar una salida, un pequeño recoveco que permita transitar por vías democráticas y recuperar el control de la situación. Quiere ganar tiempo y evitar el choque de trenes inminente.
Lo que es cierto es que abrieron la caja de pandora y ahora no saben cómo guardar los demonios. Los ciudadanos catalanes pro-independentistas están eufóricos, todo parece una fiesta en las calles y en las plazas públicas de Barcelona. Por el otro lado, en Madrid y en muchas provincias de España, la gente sale a la calle envuelta en banderas españolas. Su mirada refleja ira contenida. El país se parte y la disputa aumenta. La emoción es dueña de todos y de todo, la racionalidad se margina en espera de mejores tiempos.
En los próximos días (o tal vez en las próximas horas) seremos testigos del intento de ejecución de ambas directrices, la independencia o la intervención del Estado. La radicalización es inminente y el desenlace es de pronóstico reservado. Cuánto, cuánto pudo evitarse con un referéndum pactado. La historia nos enseña una vez más que la derrota también puede ser colectiva. Veremos.
