PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
El pasado 1 octubre, Cataluña celebró un referéndum separatista, mismos que el Tribunal Constitucional de España declaró inconstitucional.
El máximo tribunal español encontró una abierta y clara contrariedad entre el referéndum catalán y el artículo 2 de la Ley Fundamental española, que señala: “la indisoluble unidad de la Nación española, (…)”.
Al respecto, conviene destacar que prácticamente todos los textos constitucionales en el orbe disponen de una cláusula parecida: nuestra Constitución, por ejemplo, en su artículo 2 señala “La nación mexicana es única e indivisible”.
Francia, Perú, Rusia, Alemania, Brasil, Suiza y un sinfín de países proclaman la indivisibilidad del Estado en su Ley Fundamental.
No obstante, lo que sí es claro, es que ninguna Carta Magna en el mundo –excepción hecha de Liechtenstein y Etiopía– prevé un mecanismo de separación de alguna de sus partes integrantes.
Debe decirse que el movimiento secesionista de Cataluña registra una causal política que no debe pasar inadvertida: la de liderazgos nacionalistas a ultranza, neopopulistas, aislacionistas, separatistas y de preocupante acento autárquico.
El lema del movimiento independentista catalán, “España nos roba”, tiene relación directa con las consignas de Donald Trump respecto del TLCAN, la OTAN, el Acuerdo Transpacífico (del que se retiró mediante una orden ejecutiva) y la Organización Mundial de Comercio, cuando advierte una relación económica que le genera déficits comerciales imperdonables, pues a su parecer percibe mucho menos de lo que aporta. Marine Le Pen o el #Brexit pregonaron lo mismo respecto de la Unión Europea (UE).
Ahora bien, el independentismo argumentado desde la óptica netamente nacionalista es igualmente endeble.
La UE –que perfectamente podría ser vista como un Estado federado, que otorga altos niveles de autonomía para sus partes integrantes, como los Estados Unidos–, no podría justificarse desde una auscultación argumental nacionalista, cultural, histórica, étnica o idiomática.
Más aún, la paz mundial no podría explicarse sin la integración del Viejo Continente a través de la UE y sus antecedentes inmediatos, por ser el epicentro de las dos Guerras Mundiales del siglo XX. Vargas Llosa, observó bien el trasfondo de dicho movimiento, al señalar en la gran manifestación por la unidad de España el domingo pasado lo siguiente: “el nacionalismo ha llenado la historia de Europa y del mundo, y de España, de guerras, de sangre y de cadáveres”.
Llegó el 10 de octubre, y el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, declaró la independencia unilateral de ésta, e ipso facto la suspendió para promover el diálogo con el gobierno español, con la intención de emular el proceso independentista de Eslovenia respecto de Yugoslavia: la celebración de un referéndum separatista ilegal, declaración unilateral de independencia, tiempo de negociación política y, por último, independización legal.
Por supuesto, las circunstancias no son ni remotamente parecidas: la Caída del Muro de Berlín, la Unión Soviética descompuesta, pero sobre todo el reconocimiento internacional que acompañó a Eslovenia.
De 1990 a la fecha, 21 países se han independizado a través de la recurrencia de alguno o varios de los siguientes métodos: conflicto armado, celebración de un referéndum legal o ilegal, reconocimiento internacional e independencia pactada.
No obstante, la única variable constante en todos los procesos separatistas es sólo una: el reconocimiento internacional, algo que, mientras exista la UE, Cataluña nunca tendrá.
¿Por qué? Porque precisamente la UE representa la antítesis o antípoda del separatismo o secesionismo. Más aún, una separación legal o el reconocimiento internacional a Cataluña como independiente generaría una reacción en cadena que no conviene a nadie: 21 países, entre ellos las principales superpotencias económicas, experimentan movimientos sociales separatistas, la mayoría a manos de sus regiones más prósperas: China (Taiwán, Hong Kong y Macao), Estados Unidos (California), Alemania (Baviera), Unión Europea (con Francia, a manos de Le Pen), Rusia (Chechenia), Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná), etc.
