PUNTO CRÍTICO/Gabriel Torres Espinoza
Montados en el más puro oportunismo electoral, los líderes de los partidos políticos han lanzado compromisos públicos para “donar” recursos del financiamiento público que reciben para la “reconstrucción”, debido a los daños causados por el sismo del 19 de septiembre.
Las primeras declaraciones apuntaban a que donarían un determinado porcentaje del financiamiento público.
Hoy llegamos a la súper oferta del PRI, que renuncia al 100 por ciento de su financiamiento público ordinario en 2017, que asciende a 258 millones de pesos (mdp).
Las campañas costarán lo mismo, obvio, pero los partidos ofrecen renunciar al financiamiento ¿Quién pagará entonces las campañas? Seguro que NO de su bolsillo.
Entonces, ¿bajo qué compromisos? ¿A cambio de qué?
Mientras que el PAN, el PRD y Morena ofrecieron donar también sus recursos públicos, aún no lo oficializan.
El presidente del PAN, Ricardo Anaya, ha señalado que su partido “ya donó los primeros 50 mdp a una cuenta de Bancomer”, de un total de 200 mdp que tendrían que ser donados, para llegar a lo ofrecido públicamente (entregar el 100%).
La competencia por quedar bien con los electores, especialmente los empoderados por las redes sociales, acusa un oportunismo que nada cambia: Nuestras elecciones son extraordinariamente caras.
El dinero federal que reciben los partidos es de 6 mil 789 millones de pesos. Los mismos partidos, a nivel estatal, obtendrán otros 6 mil millones de pesos por el financiamiento derivado del precepto constitucional que señala que “los partidos políticos nacionales, tendrán derecho a participar en elecciones estatales y municipales”.
De esta forma, reciben otro tanto de recursos provenientes de las entidades federativas.
Pero la democracia mexicana no sólo es extremadamente cara debido al financiamiento público a los partidos políticos.
El Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, gastará 18 mil 226 millones. Mientras que los organismos electorales estatales, OPLEs, cerca de 14 mil millones.
Se suponía que con la concentración de atribuciones, que dio origen al INE, debía optimizarse recursos, pero el gasto electoral se mantiene -y aumenta-.
El Tribunal Electoral Federal costará más de 3 mil millones; y los estatales, otros 4 mil millones.
Incluso, el costo real del tiempo «gratuito» de que disponen los partidos para anunciarse en radio y televisión, más el que utiliza el INE, alcanza un valor en especie aproximado a los 60 mil millones de pesos.
Como botón de muestra, el sueldo mensual bruto de un Consejero Electoral alcanza los 258 mil 549 pesos, mientras que el Titular del Ejecutivo Federal gana 288 mil pesos mensuales brutos.
Los funcionarios electorales perciben una remuneración ofensiva, exorbitante, incluso más injustificada que el financiamiento público a los partidos.
En resumen, nuestra democracia cuesta más de 112 mil millones de pesos en total anual, sin considerar aún las aportaciones privadas a las campañas electorales.
De esta forma, el costo del proceso electoral en México -sin contar el gasto de los partidos- es de 5 dólares con 90 centavos por elector, de acuerdo con aceproject.org [página web internacional de análisis electoral].
El de Chile, 1.20 dólares. Estados Unidos y los países de Europa gastan entre 1 y 3 dólares por elector en sus procesos electorales.
Tenemos entonces una democracia mala (que produce pésimos gobiernos), pero extraordinariamente cara.
En los hechos, es mucho más significativo el monto de recursos públicos que despilfarra el Instituto Nacional Electoral, respecto del que reciben los partidos políticos.
Por qué entonces no se plantea también una reducción al costo ofensivo de la organización de las elecciones en México.
La democracia es cara, fundamentalmente porque se le han asignado irreflexiva y desproporcionadamente recursos exagerados.
Un funcionario electoral percibe una remuneración, al doble, que un funcionario del sector salud o educación, por ejemplo. ¿Cómo se justifica esto? ¿Qué rango de responsabilidad se le concede a los burócratas electorales, respecto de los médicos que atienden la salud de la población o de los maestros que educan a las nuevas generaciones?
O todos coludos, o todos rabones…
