RESTAURACIÓN/César Ruvalcaba
El pasado lunes, la prensa internacional dio cuenta de la represión policial vivida en Cataluña al intentar llevar a cabo un referéndum para que la gente decidiera si quería independizarse de España.
Este conflicto podría parecer extraño y curioso a la mirada mexicana acostumbrada a considerarse un solo país y sin atisbos de ruptura; al menos en su dimensión de fronteras, ¿cómo es posible que una parte del país quiera conformar otro Estado?
La realidad, la historia y las características del pueblo catalán son complejas y profundas.
Existe mucha literatura al respecto que puede resultar interesante y no es mi pretensión profundizar en ello.
En este espacio quisiera presentar una simple dialéctica de argumentos expuestos por las partes involucradas con el objetivo de aclarar una de las disputas centrales sobre el referéndum de Cataluña: una parte del pueblo catalán, respaldado por la Generalitat (gobierno de la comunidad autónoma) y la alcaldesa de su capital, Barcelona, en conjunto con diversas organizaciones de la sociedad civil y algunas expresiones políticas, han propuesto desde hace tiempo la posibilidad de realizar un referéndum pactado con el gobierno nacional para decidir si el pueblo catalán quiere independizarse de España.
Por su parte, el gobierno español ha negado toda posibilidad de recurrir a dicho referéndum al señalar que no está contemplado en la constitución.
Esta divergencia que parece una confrontación concreta, plantea dos perspectivas para entender al Estado que quisiera desarrollar muy brevemente y dar algo de luz al tema:
- El paradigma democrático-político y el paradigma administrativo-institucional de un país corresponden a lógicas distintas que se suelen confundir con frecuencia.
- El modelo político de un país es el resultado del gran acuerdo nacional para consensuar su manera de organizarse como Estado, como país.
- Por otro lado, la administración pública y sus poderes constituidos son la herramienta para instrumentar el modelo previamente consensuado. Es decir, las instituciones mantienen el orden establecido por el consenso legítimo que se ha resuelto en lo político.
- Ambos paradigmas son dinámicos y van transformándose a lo largo del tiempo. Lo que una vez resultaba valido como orden establecido y como institución, puede ser que al paso del tiempo ya no lo sea.
- El conflicto resulta cuando el poder constituido -las reglas creadas- impiden el derecho de reformular el propio tipo de orden político que sostiene a las instituciones.
Parte de lo que se ha vivido en Cataluña resulta de un conflicto entre estos paradigmas: una parte de la comunidad apela a reformular el consenso político, a dialogar el orden establecido porque creen que no corresponde a la voluntad y determinación de una parte del pueblo.
El gobierno español responde manifestando que no existe nada que dialogar ni que reformular porque la ley (producto de dicho consenso) lo prohíbe expresamente.
En otras palabras, la ley acordada en un momento histórico impide su propia reformulación.
Pero antes de tomar partido, hay que recordar que bajo este argumento de “legalidad” se sostuvo por siglos la esclavitud en América y Europa, o se impedía que un afroamericano viajara en el mismo autobús que un blanco en los Estados Unidos de los años cuarenta, e incluso se negaba el voto de la mujer hasta la mitad del siglo pasado.
Fue la resistencia, la desobediencia y la propia evolución histórica lo que transformó esa realidad.
Seguramente en los próximos días, la situación en España se tornará cada vez más compleja.
Así que habrá oportunidad de abordar otras perspectivas del conflicto que pueden resultar de mucho interés. Por el momento, la perspectiva entre legalidad y “lo político”, representa una de las caras de la disputa.
