Conversaciones de texto, audios, imágenes o videos de naturaleza erótico-sexual que afectan la intimidad de las personas que fueron obtenidas de forma discrecional por medio de un aparato tecnológico para chantajear podrían ser ya castigadas en Jalisco. La iniciativa fue por el diputado priista Miguel Castro Reynoso.

Cabe señalar que Jalisco, casi 70% de la población utiliza el internet en promedio de nueve horas diarias en redes sociales para trabajar, comunicarse o simplemente para informarse o dialogar con amigos, aprovechando esto hay quienes chantajean o extorsionan a las personas buscando dañar su prestigio al compartir materiales de carácter erótico-sexual, para lo cual se debe modificar el Código Penal. El ordenamiento debe mantenerse vigente para proteger la tranquilidad, libertad, patrimonio, honra e intimidad de los individuos.

Las penas por el delito de sextorsión son de 12 meses a 9 años de prisión. Se plantea modificar el último párrafo del artículo 190 del Código Penal, “para dejar precisado que si lo solicitado como fin del chantaje fue la obtención de relaciones sexuales, queda entonces configurado como delito de violación, lo que representa una penalidad de ocho a quince años de prisión”, añadió Castro Reynoso.

También la iniciativa contempla un tipo penal autónomo, que se aplicará cuando alguien “

La sanción por ello va de 50 a 100 días de salario mínimo como multa o de 30 a 100 jornadas de trabajo a favor de la comunidad, esto es a quien divulgue, publique, exhiba, reproduzca, comparta, reenvíe o retransmita sin consentimiento” estos materiales de naturaleza erótico-sexual, afectando el derecho a la honra de una persona.

En especial, se analiza la forma en que los padres de familia paguen una multa si sus hijos menores de edad cometen el ilícito.

Cuando a finales de 2013 el Gobierno de Jalisco empezó el desentierro de más de 70 cuerpos inhumados de manera clandestina en el municipio de La Barca, para el Departamento de Estado norteamericano, la intensidad de la problemática criminal en Jalisco fue “evidente” publica el portal SinEmbargo.

También, dice el reporte de 2015, que si bien Jalisco no es el estado con la mayor cantidad de homicidios, los asesinatos de alto impacto –70 funcionarios asesinados entre marzo de 2013 y septiembre de 2014, dice– han puesto de manifiesto la persistencia de la violencia en Jalisco. En ambas alertas, el Departamento de Estado atribuye la ola de criminalidad a las actividades del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al cual atribuye el “control” de la entidad.

“Casi cada grupo importante del narcotráfico en México mantiene cierta presencia en Guadalajara, y es ampliamente rumorado que los líderes de los cárteles tienen a sus familias y sus negocios legítimos en la ciudad. Pero, pese a un ambiente relativamente permisivo para los altos capos, el cultivo, manufactura, transporte y distribución de drogas en el estado ha quedado predominantemente controlado por el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Desde mediados de 2013, el CJNG y Los Caballeros Templarios sostuvieron un conflicto sobre todo a lo largo de la frontera entre Jalisco y Michoacán”, dicen tanto el reporte de 2014 como el de 2015.

La advertencia de Estados Unidos, destinada principalmente a sus ciudadanos residentes de esa zona consular (Jalisco, Colima, Nayarit y Aguascalientes) pero que es pública, se suma a la que también hicieron los empresarios de la entidad ante el Gobierno del Estado la noche del 30 de abril, horas antes de que, de acuerdo con la versión del gobierno federal, el rastreo de los integrantes del CJNG detonara enfrentamientos con ya más de 10 víctimas, 39 bloqueos de vías con unidades vehiculares incendiadas y, por primera vez en la historia de la guerra del narco en México, el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.

“Analistas estiman que el número de crímenes sin reportar excede los reportados en Jalisco, Nayarit, Colima y Aguascalientes. Las investigaciones revelan que los grupo del tráfico de drogas son responsables por la gran mayoría de los crímenes violentos, particularmente homicidios y secuestros”, agrega el reporte de marzo pasado.

Otro informe denominado “Jalisco, la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla”, realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, concluido el 20 de abril, también advirtió al Gobernador priista Aristóteles Sandoval Díaz sobre la creciente violencia en la entidad generada por la operación del CJNG. Según el documento, tan sólo en 2013, en el primer año de su mandato, se registraron casi 400 homicidios dolosos más que los que reportó la Fiscalía del Estado. Luego de comparar el número de averiguaciones previas por asesinato con actas de defunción por esta causa, encontró que, entre 2010 y 2013, en la entidad ocurrieron más de mil 200 homicidios dolosos que no aparecen en las estadísticas entregadas por el Gobierno local al Sistema Nacional de Seguridad Pública.