PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
La violencia política se ha convertido en una constante en los procesos electorales del país. Las elecciones del 5 de junio de este año no han sido la excepción. El crimen organizado actúa con absoluta impunidad.
Los asesinatos están a la orden del día y la influencia de la delincuencia en las campañas es notoria, en tanto que las autoridades la dejan hacer y deshacer y, hay algunos casos, en donde las campañas son sufragadas con recursos ilícitos.
El 5 de junio de este año habrá elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas para renovar gubernaturas y se elegirán 25 diputaciones locales y 39 ayuntamientos.
De acuerdo con el estudio “Votar entre balas. Entendiendo la violencia criminal-electoral”, de Data Cívica, de enero a abril de 2022, se registraron 86 incidentes violentos de esta índole en todo el país, entre los que figuran tres de los seis estados que elegirán gobernador este año. En Oaxaca se reportaron cinco; en Quintana Roo dos; y en Hidalgo uno.
Las entidades con más violencia criminal-electoral registrada en el primer cuatrimestre de 2022 fueron Morelos, con 11 incidentes entre los que figura el homicidio de Benjamín López Palacios, alcalde de Xoxocotla; le siguen Chihuahua con nueve; Sonora y Michoacán con ocho; Veracruz con siete; y Oaxaca con cinco. (Trasfondo, 11/05/2022).
El mayor nivel de violencia política de los últimos años se registró en 2021. Según el estudio “Séptimo Informe de Violencia Política en México. Proceso Electoral 2020-2021”, de Etellekt, en esta jornada electoral de registró un total de 1,066 agresiones en contra de personas políticas, de las cuales 102 fueron víctimas de homicidios dolosos, 36 de ellas aspirantes y candidatos a cargos de elección.
Frente a la participación de la delincuencia, de poco o nada han servido las acciones de las autoridades. El 1 de febrero de 2022, la secretaría de Gobernación, la de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electoral, la Fiscalía General de la República, y el Instituto Nacional Electoral; instalaron la mesa para blindar las elecciones del crimen organizado y la violencia política.
El objetivo es proteger los procesos electorales de 2022 de posibles acciones del crimen organizado, para detectar amenazas y prevenir la violencia política. Se busca sancionar la violencia política y proteger a candidatas y candidatos.
El problema de fondo es que la violencia política es parte de la violencia generalizada que existe en el país. Frente al fracaso de la política en materia de seguridad del gobierno de López Obrador, el crimen organizado opera a sus anchas y extiende sus tentáculos a los procesos electorales. En algunas regiones del país, su influencia es decisiva.
La situación se agrava cuando algunas candidatas y candidatos establecen vínculos con la delincuencia para sufragar sus campañas. Es el caso, por ejemplo, de Américo Villarreal, aspirante de Morena al gobierno de Tamaulipas, quien es vinculado en Estados Unidos en una investigación relacionada con tráfico ilegal de combustible en ambos lados de la frontera.
La intromisión del crimen organizado en los procesos electorales implica un grave riesgo a la democracia. La tolerancia del presidente de la República, que raya en complicidad, frente a la actuación de la delincuencia, es una carta de impunidad. La política de abrazos y no balazos es un absoluto fracaso que violenta los derechos de todas y todos los mexicanos.
