DIVISADERO
Eduardo González Velázquez
La violencia con armas de fuego no se detiene en Estados Unidos, se agrava y se normaliza. Una parte de la sociedad civil y política se horroriza con ella, otra parte la ignora y no hace lo suficiente para cambiar las cosas.
Los motivos de las masacres son variados: odio racial, ideología de género, posiciones políticas, teorías conspirativas, supremacismo blanco, la teoría del Gran Remplazo. Todo es suficiente para jalar el gatillo y cobrar la vida de decenas de personas inocentes.
No importa si es la matanza en la Universidad de Austin en 1966, o en el McDonald’s de San Ysidro, California en 1984, o en la cafetería Luby´s en Killeen, Texas en 1991, o en la escuela de Columbine, Colorado en 1999, o en la escuela Sandy Hook en Connecticut en 2012.
O en el Club Pulse, en Orlando en 2016, o en el festival de Las Vegas en 2017, o en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Florida en 2018, o en el Walmart de El Paso en 2019, o en el supermercado Tops en Bufalo en 2022, cada que sucede una masacre en Estados Unidos se reaviva el debate por la venta, adquisición, posesión y uso de armas en aquel país.
La masacre de esta semana en la primaria Robb en Uvalde, Texas donde Salvador Ramos asesinó a 20 personas (18 menores de edad), no es la excepción. La indignación y el terror recorren las “buenas conciencias” estadunidenses y seguramente, como en los casos anteriores todo quedará igual.
Estados Unidos es el único país desarrollado donde se repiten implacablemente los tiroteos escolares, y sus ejecutores son cada vez más jóvenes. En el vecino del norte se cuenta con 120 armas por cada 100 personas, es la mayor relación en cualquier país a nivel global.
Se estima que existen 393 millones de armas civiles disponibles, lo que representa 46% del arsenal civil mundial.
Esta carrera armamentista civil se ampara en la anacrónica Segunda Enmienda redactada a finales del siglo XVIII y que permitía a los estadunidenses comprar, portar y usar armas. A la letra establecía: «como es necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”.
La justificación de su esencia era para darle seguridad a los habitantes en los territorios donde no se había “implantado el Estado”, incluso se podían crear grupos de autodefensa.
A lo largo de su historia la sociedad norteamericana ha entretejido la posesión y uso de las armas a su propio tejido social. La Asociación Nacional del Rifle NRA, por sus siglas en ingles), que realizará este fin de semana en Houston su reunión anual, no es más que una de tantas caras de esa historia.
Las altas tasas de posesión de armas por estados nos muestran esa situación: Montana y Wyoming (66%), Alaska (64%), Idaho (60%) y Virginia Occidental (58%).
A pesar de que las últimas encuestas sobre la posesión y uso de las armas muestran que para 59% de los encuestados es “muy” o “algo” importante que los representantes populares aprueben leyes de control de armas más estrictas, y 83% de los propietarios de armas apoyan verificaciones de antecedentes ampliadas sobre las ventas de todas las armas, incluido 72% de los miembros de la NRA, pocos políticos quieren cargar con esa agenda, a pesar de que tragedias como la de Uvalde generan consenso ciudadano sobre cómo responder a la violencia armada.
A no dudar, los 212 tiroteos masivos que se han realizado en 2022 no parecen ser razones suficientes para restringir de manera efectiva el acceso a las armas que tiene la sociedad estadunidense.
