PUNTO CRÍTICO
Gabriel Torres Espinoza
El fin de semana pasado se convocó a la décimo quinta sesión del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano. El partido del gobierno. En la sesión del Consejo Estatal de MC, el coordinador de ese partido en Jalisco, afirmó que «el grupo político que la tiene secuestrada (a la UdeG) ha emprendido una ‘guerra’, y no le puedo llamar de otra manera».
Mural Publicó, el sábado pasado, que el “coordinador estatal, expresó que el rector Ricardo Villanueva más que defender la autonomía universitaria ha emprendido una ‘guerra’ contra el gobernador Enrique Alfaro”.
Concebir el derecho constitucional a la manifestación pública (artículo 6 y artículo 9 constitucional), como una ‘guerra’, en medio de -ese sí- un clima de violencia exponencial que lastima a los jaliscienses -mismo que minimizan desde el gobierno-, resulta otra contradicción.
La Constitución señala en el Artículo sexto que: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”. También, en el Artículo noveno que: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito… No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o PRESENTAR UNA PROTESTA POR ALGÚN ACTO, A UNA AUTORIDAD.
De forma que el legítimo derecho de los universitarios a manifestarse, es parte de ese derecho que desde hace décadas se ejerce en todas partes del país. En una sociedad plural y compleja, como la nuestra, en la que se desea que participemos de la toma de decisiones, las manifestaciones públicas son el resultado del ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de expresión y de reunión.
Entender como una declaración de ‘guerra’, el llamado del Rector general de la U de G, a manifestarse el próximo 26 de mayo, solo incita un clima de violencia verbal, que se suma a la guerra sucia emprendida con recursos públicos a través de libelos y volantes difamatorios contra la Universidad de Guadalajara.
Qué bueno que el Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano se reunió en décimo quinta sesión. Qué triste que sea sólo para interpretar como ‘guerra’ contra el gobierno, la exigencia de reivindicación presupuestal y el reclamo por la autonomía de la Institución de Educación Superior Pública que más aporta a Jalisco.
Bajo los terribles problemas que hoy lastiman a la sociedad de Jalisco, que los apoyó para ser gobierno (incluyendo a esos políticos universitarios a los que ellos invitaron como aliados para ganar las elecciones a gobernador en 2018), oportuno sería que el Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano se reúna para cerrar frente y mitigar la tragedia social de las miles de personas desaparecidas en Jalisco, que les resultan hoy indiferentes.
Contra el saqueo impune al fondo de pensiones de los trabajadores. Que convoquen a ‘causa común’ contra las agresiones reiteradas y violencia verbal contra medios y periodistas. Un pacto para frenar la creciente contaminación del aire, del agua, la deforestación de los bosques y mantos acuíferos, por parte de esos que violan todas las normas ambientales.
Que el Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano, el partido del gobierno, invite hacer un frente contra la creciente corrupción, la desnutrición, la marginación y pobreza de regiones olvidadas por décadas en Jalisco.
Que emplazaran a un acuerdo común para resolver el pésimo estado de las carreteras, brechas y caminos de Jalisco, los peores del país; para la recuperación de los espacios públicos, entregados a desarrolladores para construir miles de departamentos sin sustentabilidad ambiental (Iconia, Villas Panamericanas).
En Jalisco, efectivamente urge, un frente común para frenar la deuda pública irresponsable, que financia la corrupción e hipoteca el futuro de los jaliscienses.
Nuestra entidad precisa cerrar filas para reestablecer el equilibrio y la división de poderes, para que se respete la autonomía y el presupuesto de los municipios, la autonomía y presupuesto del poder judicial y la pluralidad política del Congreso de Jalisco.
La Universidad Pública no ha llamado a ninguna ‘guerra’: solicita, exhorta, apalea a la legítima causa de pugnar por un presupuesto justo y defender su autonomía.
