PERSPECTIVA 21
Verónica Juárez Piña
La reforma electoral que el presidente de la República envió a la Cámara de Diputados atenta contra la democracia y la pluralidad política en el país. Con el falso pretexto de la austeridad, busca controlar las elecciones a través de consejeros afines a MORENA.
Entre otros cambios, la iniciativa presidencial propone desaparecer el Instituto Nacional Electoral y crear el instituto nacional de elecciones y consultas, reducir de 11 a siete consejeros del Instituto Nacional Electoral y someterlos a elecciones periódicas mediante la postulación de los tres poderes de la Unión. Eliminar los órganos electorales y tribunales locales y construir una ley electoral nacional.
Plantea bajar el financiamiento a partidos y modificar la definición de propaganda electoral, ampliar las excepciones y que el gobierno pueda difundir servicios públicos en tiempos electorales, así como disminuir los tiempos en radio y televisión al órgano electoral y entregárselo a los partidos.
Contrario a lo que el presidente y la Secretaría de Gobernación afirman, la iniciativa no elimina a los plurinominales. Reduce el número de diputados federales (de 500 a 300) y de senadores (de 128 a 96), pero los que quedan serían todos plurinominales electos mediante listas estatales.
La fórmula propuesta no pone límite a la sobrerrepresentación y es tramposa porque, aplicándola a los resultados de 2021 para diputados, Morena seguiría beneficiándose con 6 puntos de sobrerrepresentación, al tiempo que los demás partidos serían fuertemente castigados en la representación que la ciudadanía les dio con los votos.
En el marco de esta discusión, cabe recordar que, junto con otras medidas, las reformas electorales que crearon el principio de representación proporcional y el órgano electoral autónomo, fueron fundamentales porque generaron las condiciones para la transición democrática, la alternancia en el poder Ejecutivo Federal y estatales, la pluralidad en el Congreso de la Unión y locales, y fortaleció la gobernabilidad y la estabilidad política en el país.
López Obrador busca volver a los tiempos en donde el presidente era quien elegía el candidato a la presidencia de la República de su partido, a las gubernaturas y a legisladores federales, y era el fiel de la balanza de los procesos electorales y, consecuentemente, de la integración del Congreso de la Unión.
Si la idea del presidente de organizar elecciones es permitir desaseos como los que promovió en la consulta de revocación de mandato, entonces es claro que pretende, de manera institucional, vulnerar la equidad, la transparencia y la legalidad y, consecuentemente, la democracia.
