PERSPECTIVA21
Verónica Juárez Piña
Más allá de los resultados de la consulta para la revocación de mandato, sin duda desalentadores para López Obrador, hay que decir que las conductas ilegales del presidente y MORENA, dañaron gravemente la consulta popular, diseñada como un mecanismo de democracia directa para fortalecer la participación ciudadana en las decisiones políticas y públicas del país.
La gran mayoría de las y los votantes optó por no participar en la consulta para la revocación de mandato ante el desaliento que le provocó las constantes violaciones a la Constitución de la República y a las leyes electorales por parte de los servidores públicos, empezando por el presidente, la campaña de descalificación contra el Instituto Nacional Electoral (INE), el uso indebido de recursos del erario y el clima de confrontación en las que incurrió el Ejecutivo, integrantes de su gabinete y un alto número de funcionarios de los gobiernos federal, estatales y municipales, vinculados a MORENA.
De acuerdo con el conteo rápido dado a conocer la noche del domingo por el INE, la participación en la consulta fue de entre el 17.0 y 18. 2 por ciento de la lista nominal de electores, lo que representa entre 15 y 16 millones de votos, de un total de 92.8 millones de mexicanas y mexicanos que integran el padrón.
Los resultados son bajos, según estos cálculos preliminares, sólo participaron dos de cada 10 personas registradas en la lista nominal de electores, lo que quedó muy lejos de las cifras que el presidente y su partido, se jactaban que podrían obtener. Se requería el 40 por ciento de la votación para que los resultados de la consulta fueran vinculantes.
Para que la consulta de revocación fuera válida, se necesitaba de la participación de 37 millones 129 287 personas.
Como era de esperarse, el presidente, acostumbrado a falsear la realidad, festejó los resultados como un éxito. “Fue una noche histórica”, dijo, sin aludir al cúmulo de irregularidades que se dieron antes y durante de la jornada, como la violación a la veda electoral, el acarreo de votantes por parte de MORENA, los llamados a votar de funcionarios públicos y el uso indebido de recursos públicos.
Hay que resaltar el golpe que significa para la democracia el hecho de que, un mecanismo diseñado para incentivar la participación de la gente, se haya sido tergiversado con intenciones aviesas por parte del propio presidente y su partido.
No es, por supuesto, un asunto de ego. El presidente no quería sentir el apoyo del “pueblo bueno”, a su gestión. Más bien fue un ensayo de la maquinaria electoral de MORENA rumbo a las elecciones de 2024. Pero, a la luz de los resultados, quedaron mal parados, porque ni violando la ley de manera tan descarada, tuvieron los resultados esperados.
Hay que decirlo para que quede constancia: Este fue un ensayo de la estrategia electoral que el presidente y MORENA aplicarán en 2024. Ya demostraron que no tienen el más mínimo respeto por el Estado de Derecho y el andamiaje constitucional y legal construido durante décadas para organizar elecciones equitativas y transparentes.
Con sus irregularidades, tipificadas como delitos electorales, reestablecieron las viejas prácticas de las elecciones de Estado organizadas por el presidencialismo autoritario al que dicen cuestionar, pero al que tanto se parecen.
Pero se toparán con la actitud responsable de la ciudadanía, la cual ya se percató que, quienes dicen respetar la ley, son los primeros en pasar por encima de ella.
Al que hay que reconocer su trabajo del Instituto Nacional Electoral, por cumplir con su responsabilidad de organizar este proceso electoral, a pesar de los obstáculos, y reafirmó su importancia como garante de la democracia.
