HABLEMOS DE DERECHOS
Salvador Romero
“—Interpretas mal los hechos —dijo el sacerdote—, la sentencia no se pronuncia de una vez, el procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia.”
– Franz Kafka
Hace un año Yolli García Álvarez -quien un día antes había concluido su cargo como comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI)-, salió de su casa rumbo a un restaurante de Xalapa, Veracruz, a tomarse un café con su sucesora, sin sospechar que al llegar a ese lugar estarían esperándola policías ministeriales para ejecutar una orden de aprehensión en su contra.
Se le acusaba de haber nombrado de manera irregular, en marzo de 2019, a dos personas para que fungieran como encargados de despacho del Órgano Interno de Control (OIC) del IVAI, en tanto se resolvía la Acción de Inconstitucionalidad 96/2018 interpuesta justamente por la falta de recursos públicos para poder asignarle presupuesto a dicho OIC.
Cabe destacar que ambos servidores públicos fueron propuestos por el propio titular del OIC y que incluso hasta la fecha, dos años después, siguen laborando para dicha instancia del IVAI, a pesar del supuesto crimen cometido con su nombramiento.
Una vez aprehendida, se les “manda un mensaje” a sus dos ex compañeros comisionados del IVAI para que renuncien a su cargo si quieren verla en libertad, y ambos deciden hacerlo para ayudar a su ex compañera, sin embargo, para su sorpresa descubren que fueron burlados, pues acto seguido el juez determinó dictar la prisión preventiva en contra de Yolli, como medida cautelar mientras se desahoga el juicio, por considerar que es altamente probable que escape si se le deja en libertad.
Ese día inició el vía crucis de Yolli como presa política del Estado de Veracruz y víctima de violencia de género, pues en cada etapa y actuación que se ha dado dentro del proceso, ha quedado constancia evidente de que no existe ninguna sola razón jurídica por la cual deba seguir privada de su libertad, tal y como lo han confirmado ya diversas sentencias federales.
Sin embargo, ella sigue encerrada, y si alguien tenía esperanzas en que el sistema penal adversarial y acusatorio serviría para acabar con la corrupción y con los abusos del poder en contra de las y los procesados -tal y como lo ha cacareado la Fiscalía General de la República-, lo invito a leer las constancias de este expediente para que se desilusione y descubra que las injusticias del proceso pueden seguir siendo tan burdas como aquellas exhibidas en el tristemente célebre documental “Presunto Culpable”.
Los atropellos a los derechos humanos que ha sufrido Yolli a causa de los supuestos delitos que cometió -que en el peor de los casos únicamente son irregularidades de naturaleza administrativa- han sido tantos durante su proceso, que el mismísimo Franz Kafka se quedaría pálido si los conociera, por ejemplo: La forma en que calificaron los supuestos delitos; la forma en que sumaron la pena máxima de cada uno de los posibles delitos para justificar su supuesta gravedad; la forma absurda en que justificaron su supuesta peligrosidad para mantenerla privada de su libertad; la forma ilegal en que decidieron reconocerle al Fiscal el carácter de “víctima del delito”; la forma tibia y lamentable en que se han resuelto los amparos para condenarla a seguir privada de su libertad, a pesar de concederle la razón; etc.
Encima de todo ello, hay que mencionar también que lleva un año sin poder ver a su familia por las restricciones de visitas derivadas de la Pandemia; que cuando se enfermó del corazón hace unos meses, le prohibieron ser atendida por su propio doctor, obligándola a pasar una semana mal atendida en un hospital público sin justificación alguna; y que un día, a las cinco de la madrugada, un grupo de policías armados la sacó de su celda a la fuerza sin informarle la razón, para subirla a una camioneta y trasladarla a otro centro penitenciario lejano, sin avisar nada a sus abogados y familiares, quienes durante muchas horas estuvieron temiendo lo peor.
Hoy en el Día Internacional de la Mujer vale la pena recordar a Yolli, y ser conscientes de que el infierno que está viviendo nos podría pasar a todas las mujeres y hombres de este país, pues todo indica que su único “delito grave” fue haber exigido, como comisionada del IVAI, transparencia, rendición de cuentas y la debida protección de los datos personales a las autoridades del Estado de Veracruz. #todassomosYolli
