HABLEMOS DE DERECHOS
Salvador Romero
Imaginemos que es el año 2023 y que se acaban de reformar todas las leyes electorales del país, con el objeto de que en el año 2024 todos los partidos políticos estén obligados a postular únicamente mujeres a todos los cargos de elección que se renovarán en dicho proceso electoral: Presidencia de la República, la mayoría de las gubernaturas -entre ellas Jalisco-, alcaldías en más de dos mil municipios y cerca de un millar de curules en el Congreso de la Unión y en los congresos locales.
En otras palabras, en este hipotético escenario, a partir de las elecciones del año 2024 seríamos gobernados única y exclusivamente por mujeres en la mayoría de las entidades federativas y, además, por consecuencia tendríamos la primera presidenta del país, la primera gobernadora de Jalisco, la primera Cámara de Diputadas, etc.
Sin duda alguna ello representaría un hecho histórico no solo para nuestra nación, sino para prácticamente todo el Planeta, pues no tengo registro de que haya existido en la historia de las democracias un gobierno de elección integrado solamente por mujeres.
Cabe precisar que el escenario opuesto, es decir, gobiernos integrados exclusivamente por hombres en todos sus niveles de gobierno, se presentó ya durante muchas décadas en nuestro país y durante milenios en la historia moderna de la humanidad, por lo que de entrada no debiera sorprendernos la posibilidad de lo contrario.
Aunado a lo anterior, un gobierno de mujeres podría ser interpretado o considerado como un pago a la llamada deuda histórica que existe con las mujeres, producida por los abusos políticos cometidos en su contra por los hombres durante los cerca de dos siglos en los que fueron excluidas casi totalmente de la participación política y económica en nuestro país.
Es evidente que muchas personas no estarían de acuerdo con esta reforma argumentando que se trata de una ley muy feminista, injusta, inequitativa y discriminatoria en contra del sexo masculino, pues excluiría a los varones de participar como candidatos en la totalidad de los cargos de elección del año 2024.
Argumentarían, tal vez, que las mujeres todavía no están preparadas para ocupar la totalidad de los puestos de elección o quizás dirían que no se oponen a que tengamos un gobierno conformado solo por mujeres, pero que lo justo sería que se lo ganaran en las urnas compitiendo en igualdad de circunstancias con candidatos hombres.
Los promotores de la reforma, por su parte, la defenderían señalando que es un paso indispensable para lograr la igualdad entre los sexos y para contrarrestar el sesgo patriarcal que existe en nuestro país.
También señalarían que únicamente se trata de una acción afirmativa de carácter transitorio, ya que, de acuerdo a la propia reforma, en el año 2030 se volvería al esquema de cuotas de género que garantizará de nuevo una participación paritaria entre mujeres y hombres en las candidaturas a los diversos cargos de elección.
¿Cómo y qué tanto cambiaría el país en un sexenio con un gobierno de mujeres?; ¿Habría un uso más responsable de los recursos públicos?; ¿Habría un mayor respeto por los Derechos Humanos?; ¿Habría mejoras sustanciales en la forma de luchar contra la violencia y las injusticias contra las mujeres?; ¿Cuáles temas novedosos u olvidados traerían a la agenda pública?; ¿Ayudaría a erradicar la cultura machista y a equilibrar las diferencias históricas entre mujeres y hombres?, ¿Se saldaría la “deuda histórica” que se tiene con las mujeres de este país?
Las respuestas a estas preguntas las desconozco, pero la hipótesis que hoy presento es para generar una reflexión seria sobre la importancia de las cuotas de género, en primera instancia, pero también sobre la importancia de impulsar otro tipo de mecanismos de largo plazo que ataquen de fondo el problema de la desigualdad.
Mecanismos que permitan una mayor participación orgánica de las mujeres no solo en la política, sino también en el ámbito económico, laboral, social y cultural, que eventualmente generen condiciones para que algún día sí podamos llegar a tener un gobierno de mujeres, pero sin necesidad de imponerlo desde la Ley.
