HABLEMOS DE DERECHOS
Salvador Romero
Desde hace al menos un par de años, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha iniciado una guerra de acusaciones y amenazas en contra de diversos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señalando, entre otras muchas cosas, que dicho Instituto se trata de un “gasto superfluo” para el erario público, incluso acusando falsamente que las comisionadas y comisionados que lo integran ganan más que el propio presidente.
En ese contexto, se ha propuesto desaparecerlo para generar supuestos ahorros presupuestales y que su gobierno, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP), asuma todas las funciones del INAI, lo cual constituye una verdadera sinrazón, por muchas cuestiones que no desarrollaré en este momento, pero que inevitablemente implicarían una nueva estructura para dicha Secretaría prácticamente equivalente al costo presupuestal del propio INAI.
Así las cosas, y más allá de las muchas razones relacionadas con el enorme retroceso para la democracia que significaría desaparecer al INAI, me parece importante señalar que el argumento presupuestal carece de soporte alguno pues si la SFP asumiera sus funciones con la debida seriedad, ello le implicaría un nuevo gasto prácticamente similar al que actualmente ejerce el INAI, pero con la gran diferencia que la última decisión sobre las resoluciones las tomaría unilateralmente su titular, una persona directamente designada por el propio Presidente.
En este punto me parece muy importante señalar que el costo presupuestal de $900 millones de pesos del INAI representa apenas el 0.01% de los más de 6 billones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercerse en el 2021.
Ello quiere decir, en otras palabras, que de cada $100 pesos que gasta la Federación, únicamente se destina un centavo (sí UN centavo) a garantizar los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales a través del INAI, por lo que incluso su total desaparición sin que se prevea una nueva estructura en la SFP (lo cual como ya comenté es imposible si realmente se pretenden garantizar dichos derechos) no tendría prácticamente ningún impacto en el presupuesto.
Hay que recordar que cuando se analiza el “valor” de cualquier cosa, incluyendo instituciones públicas, es importante considerar, además de su utilidad concreta, el costo absoluto y el costo relativo de dicha entidad; en el caso concreto, el discurso presidencial de que el costo absoluto del INAI ($900 millones) constituye un dispendio o “gasto superfluo”, no pasa por ninguno de los dos filtros.
Sobre su utilidad, se cuentan por cientos de miles las y los ciudadanos, que se han beneficiado por la existencia y autonomía del INAI; y sobre el segundo punto, es evidente que el costo relativo del INAI no tiene ninguna relación con el supuesto ahorro que generaría su desaparición.
Un punto muy importante que quisiera destacar es que desaparecer al INAI implicaría también desaparecer al Sistema Nacional de Transparencia (SNT) que encabeza, y se echarían a la basura 6 años de esfuerzos por consolidar el trabajo de los 32 organismos garantes de transparencia del país, así como la Plataforma Nacional de Transparencia que, si bien aún es perfectible, es un avance real en la materia.
En conclusión, es evidente que se pueden mejorar muchas cosas en el INAI y que existen muchas áreas de oportunidad para perfeccionar sus funciones de cara a la sociedad; así como tener una mayor tolerancia a la crítica (incluso dentro del propio SNT), pero de ahí a proponer su desaparición o considerar que es una instancia costosa o prescindible para la democracia mexicana, existe un Universo de distancia, ya que su desaparición sería un retroceso sumamente grave para el País.
Finalmente, cabe señalar que el costo total del Instituto de Transparencia de Jalisco (ITEI) es de $58 millones de pesos, que su costo relativo es de 0.04% (es decir, de cuatro centavos por cada $100 pesos presupuestados) y que el costo total de los Organismos Garantes de Transparencia de México ronda los $1,200 millones de pesos. Por su parte, el costo relativo promedio de dichos organismos es del 0.05%, y en casi la totalidad de las entidades federativas -aunque siga siendo un costo bastante bajo en relación con su utilidad para la democracia- dicho costo es más elevado que el del INAI.
