DIVISADERO/Eduardo González
A inicios de 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibió la andanada de presiones por parte de la administración de Donald Trump para que aceptara dos condiciones en relación a la migración centroamericana: detener a las personas migrantes con la Guardia Nacional en el sur de nuestro país y convertirse de facto en Tercer País Seguro, con lo cual se vería obligado a recibir miles de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos para esperar su respuesta varados en las ciudades de nuestra frontera norte.
Para ello, se elaboró en el vecino del norte el Memorando de Protección de Migrantes, más conocido como “Quédate en México”.
Si bien, para ninguna de las “peticiones” los dos gobiernos firmaron ningún acuerdo, en los hechos se llevaron a cabo. En caso de no cumplir las disposiciones de la Casa Blanca, Washington establecería mayores aranceles a las mercancías comercializadas desde nuestro país a la Unión Americana.
Lo que sucedió ya lo conocemos, el hilo se rompió por lo más delgado y los migrantes pagaron el precio por ello.
Con la llegada de Joe Biden a la Oficina Oval algunas cosas en términos migratorios están cambiando, y otras tantas se planea modificarlas. Desde el día mismo de su investidura, el pasado 20 de enero, Biden prometió una política migratoria “justa y humana” y firmó 17 decretos que anularon otros tantos de Trump y adelantaron la propuesta para la legalización de unos 11 millones de migrantes “indocumentados”.
Desde luego, no todos los proyectos del presidente dependen únicamente de él, la reforma migratoria, por ejemplo, deberá pasar la aduana del Congreso federal.
Sin embargo, otras más únicamente penden de la voluntad política de Biden y de la firma y puesta en marcha de Acciones Ejecutivas.
En este escenario se encuentran dos decisiones que se tomaron esta misma semana.
La primera fue poner fin a la emergencia nacional declarada por Donald Trump en febrero de 2019 para utilizar dinero del Pentágono para continuar construyendo el muro fronterizo.
Si bien, Biden ya había ordenado detener la construcción de muro, legalmente era necesario cancelar la emergencia nacional para detener el flujo de recursos hacia esa obra. Lo que no se moverán son las 3 mil 600 tropas que Trump ordenó desplegar en la frontera porque continuarán con labores de vigilancia hasta septiembre.
Por otro lado, se acaba de anunciar que la administración de Joe Biden comenzará a permitir el ingreso a Estados Unidos de los más de 60 mil migrantes que habían solicitado asilo en la frontera y fueron expulsados a México por el gobierno de Donald Trump.
El camino para darle salida a los miles de migrantes será atendiendo a quienes todavía tienen casos abiertos ante los tribunales de migración de la Unión Americana, y los someterán a un examen médico para la detección del coronavirus.
Quienes tengan resultados positivos deberán seguir esperando en México hasta que obtengan un resultado negativo. Se estima que se podría procesar hasta 300 migrantes por día en las siguientes semanas, por lo que podría demorarse varios meses resolver la situación de los migrantes varados en la frontera.
Esta disposición de la Casa Blanca si bien representa un importante cambio cualitativo en sus políticas migratorias, no debemos olvidar que tan solo nos regresan al escenario que teníamos antes de la llegada de Trump.
Desde luego, esto es mejor que el programa “Quédate en México”. Ahora lo que debemos esperar es que el Congreso apruebe la reforma migratoria que conceda la estancia legal a 11 millones de migrantes al norte del río Bravo.
Sin duda, el escenario para que eso suceda es harto complejo, en caso de no sacar adelante la reforma en 2021, el año que viene será muy complicado porque habrá elecciones de medio término.
Frente a ello, lo que se mira en el horizonte es la estrategia para sacar pequeñas reformas y nuevas disposiciones migratorias que aligeren la carga de los migrantes, antes de pensar en ir por una reforma migratoria total.
